Colombia
Camioneros en Colombia Protestan por Aumento del ACPM y Desafían al Gobierno
En un tenso enfrentamiento con el Gobierno colombiano, los camioneros del país han decidido tomar medidas enérgicas ante el inminente aumento del precio del ACPM, un combustible esencial para su operación. Tras una reunión con el Ministerio de Transporte, la Cámara Intergremial del Transporte ha anunciado el inicio de mesas técnicas para discutir el precio del ACPM a partir del 1 de noviembre, un compromiso que data del 5 de octubre de 2022 y que se materializa 12 meses después de la promesa del presidente Gustavo Petro.
El combustible ACPM representa una parte sustancial de los costos operativos, oscilando entre el 40 % y el 60 %. Por lo tanto, un aumento en su precio tendría un impacto significativo en más de 400,000 camiones, volquetas, tractocamiones y cerca de 200,000 buses, busetas y microbuses que circulan por las carreteras nacionales y urbanas. Además, amenazaría la subsistencia de 1.8 millones de empleos directos e indirectos, lo que haría peligrar la economía de una actividad vital para todos los colombianos.
La demanda principal de los transportadores es una revisión de la fórmula que establece el precio del ACPM, centrándose especialmente en los impuestos, con el objetivo de establecer un precio que sea más favorable para la economía colombiana. Además, los camioneros advierten que cualquier aumento en el precio del ACPM se trasladará automáticamente al costo de los bienes que compran los ciudadanos, en particular los productos de la canasta familiar.
El precio del ACPM ha permanecido congelado desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el gobierno colombiano planea que el aumento entre en vigor a partir de febrero del próximo año. Esta decisión ha generado un descontento generalizado entre los camioneros y ha llevado a la convocatoria de movilizaciones y protestas en todo el país.
La Cámara Intergremial del Transporte insiste en que la viabilidad de su actividad y la estabilidad de la economía nacional están en juego. Argumentan que, en un momento en que la inflación y los precios de los productos básicos ya están afectando a los ciudadanos, un aumento en el precio del ACPM solo agravaría la situación, haciendo que los productos esenciales sean menos asequibles para la población colombiana.
El aumento propuesto en el precio del ACPM no solo se reflejaría en los costos de transporte, sino también en los precios de productos alimenticios, medicamentos y otros artículos esenciales. La Cámara Intergremial del Transporte advierte que esto afectaría negativamente la calidad de vida de los ciudadanos y aumentaría la presión económica sobre las familias ya golpeadas por los desafíos económicos que ha planteado la pandemia.
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Además, los camioneros recalcan que el impacto de este aumento no se limita a su sector, ya que afectaría a toda la cadena de suministro y encarecería los costos de producción y distribución de las empresas en general. Esto, a su vez, podría llevar a un incremento en los precios al consumidor final y perjudicar aún más a la población.
El gobierno colombiano, por su parte, argumenta que el aumento del precio del ACPM es necesario para financiar inversiones en infraestructura vial y programas de movilidad sostenible. Afirman que el congelamiento del precio durante la pandemia ha tenido un impacto en las arcas fiscales y que es imperativo reajustar los costos para garantizar el desarrollo de proyectos clave.
La tensión entre los camioneros y el gobierno se intensifica a medida que se acerca la fecha de implementación del aumento. Las movilizaciones y protestas están programadas en todo el país, y se espera que los camioneros defiendan enérgicamente sus demandas.
El desafío que enfrenta Colombia en este momento es un dilema complejo que involucra la necesidad de financiar proyectos esenciales y garantizar la sostenibilidad económica del país, al tiempo que se protege a la población de los efectos negativos de un aumento en el precio del ACPM. La resolución de este conflicto requerirá un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas, con un enfoque en encontrar soluciones que equilibren las necesidades del país y las preocupaciones legítimas de los camioneros.
