Colombia
Alcalde de Medellín denuncia presunta corrupción en venta de filial de EPM, Un llamado a la unidad por lo público
En un vibrante llamado a la unión ciudadana en defensa de los recursos públicos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha levantado la voz para denunciar un presunto entramado de corrupción que rodea la venta de Afinia, una filial clave de Empresas Públicas de Medellín (EPM). En un emocionante discurso que resuena en la conciencia colectiva, el mandatario no solo expuso los hechos sino que también convocó a una movilización social contra la corrupción que amenaza el patrimonio de la ciudad.
Las revelaciones de Gutiérrez Zuluaga arrojan luz sobre una oscura transacción que ha puesto en entredicho la integridad de la gestión pública. Según el testimonio de un informante clave, la venta de Afinia habría sido negociada por la sorprendente suma de 8 millones de dólares, equivalente a unos $32.000 millones.
Estas acusaciones apuntan directamente al exalcalde Daniel Quintero, quien supuestamente habría orquestado la operación, involucrando a un excongresista con un historial de cuestionamientos éticos y a un grupo de empresarios venezolanos.
El escenario donde se habrían gestado estos oscuros tratos no deja de sorprender. Clubes en Barranquilla y Medellín, así como un restaurante en la concurrida avenida Las Palmas, sirvieron de telón de fondo para acuerdos que comprometen el futuro de la ciudad. Detrás de esta venta se esconde una red de complicidades que atentan contra los intereses de los ciudadanos, desviando recursos que deberían destinarse al bienestar común.
El llamado a la acción del alcalde Gutiérrez Zuluaga no solo se limita a exponer los hechos, sino que también invita a la ciudadanía a levantarse contra la corrupción. «Jugaron con EPM, jugaron con el patrimonio de lo público, jugaron con los usuarios de la Costa», enfatizó el mandatario, destacando la necesidad de permanecer unidos como sociedad para superar esta crisis y construir una Medellín más justa y transparente.
La valentía de los empleados de EPM, quienes alertaron sobre la ilegalidad de estas acciones y ahora se presentan como testigos esenciales, muestra que la lucha contra la corrupción no se limita a las esferas políticas, sino que se nutre del compromiso individual de quienes defienden el interés público.
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Ante estas revelaciones, las autoridades judiciales y de control están llamadas a actuar con celeridad para determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes han lucrado ilícitamente a expensas del bienestar de la comunidad. La ciudadanía, por su parte, tiene en sus manos el poder de exigir transparencia y rendición de cuentas, construyendo así un futuro donde la corrupción sea solo un oscuro recuerdo del pasado.
