Colombia
Escándalo de corrupción, ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, ordenó compra de congresistas con millonarios contratos
La Fiscalía revela cómo se direccionaron los contratos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar sobornos a altos funcionarios y congresistas
En un impactante giro de los acontecimientos, la Fiscalía General de la Nación ha revelado detalles alarmantes sobre la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y otros altos funcionarios en un esquema de corrupción que involucró la compra de congresistas mediante millonarios contratos. Durante una audiencia ante un juez de control de garantías, el ente acusador presentó pruebas contundentes que vinculan a Bonilla y a exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en estos actos ilícitos.
Los principales testigos de la Fiscalía en este caso son Olmedo López y Sneyder Pinilla, dos exdirectivos de la UNGRD. Ambos se enfrentan a imputaciones de cargos y han proporcionado testimonios detallados sobre cómo se orquestó el esquema de corrupción. Según la Fiscalía, López y Pinilla colaboraron estrechamente con el ministro Bonilla para direccionar contratos hacia ciertos municipios con el fin de desviar fondos públicos para sobornos.
La estrategia fue revelada en el marco de la imputación de cargos, donde se destacó el papel central de Olmedo López. La Fiscalía señaló que López, en coordinación con Bonilla, María Alejandra Benavides (asesora del ministro), y Sneyder Pinilla, dirigieron contratos hacia los municipios de Cotorro, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar. Estos contratos, que inicialmente parecían destinados a proyectos legítimos, se utilizaron para canalizar recursos hacia el pago de sobornos.
«Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorro, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes», señaló la Fiscalía.
Además, la Fiscalía identificó a varios senadores y representantes que se beneficiaron de estos contratos. Entre ellos se encuentran los miembros de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República: Julio Elías Chagüi, Wadith Alberto Manzur, Karen Astrid Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya. Estos legisladores habrían utilizado su influencia para asegurar contratos que les reportaron beneficios económicos personales.
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El esquema de corrupción también implicó al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Según la Fiscalía, Olmedo López y Sneyder Pinilla coordinaron la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo a Name a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien era consejera para las regiones de la Presidencia de la República en ese momento. Asimismo, Calle recibió 1.000 millones de pesos directamente.
La Fiscalía subrayó que estos sobornos se distribuyeron siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Sandra Ortiz. Esta red de corrupción no solo comprometió recursos públicos, sino que también socavó la confianza en las instituciones gubernamentales.
Este escándalo de corrupción ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que involucra a altos funcionarios y legisladores. La imputación de cargos y las revelaciones de la Fiscalía marcan un punto crítico en la lucha contra la corrupción en Colombia. A medida que el proceso judicial avanza, se espera que salgan a la luz más detalles sobre este esquema y sus implicaciones para el país.
