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Daniel Quintero imputado por escándalo aguas vivas Fiscalía habla de “acuerdo criminal”
El exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero, fue formalmente imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. La imputación se da en el marco del escándalo urbanístico de Aguas Vivas, un caso que sacude nuevamente la esfera política en Medellín y que involucra a varios exfuncionarios de su administración.
La audiencia, que se llevó a cabo ante un juez de control de garantías, también incluyó a otras 12 personas, entre ellos exmiembros del gabinete de Quintero, quienes habrían participado en una supuesta red de corrupción dentro de la alcaldía. La Fiscalía fue enfática: “Hubo un acuerdo criminal”.
Aguas Vivas: el epicentro del escándalo
La investigación se centra en un lote conocido como Aguas Vivas, ubicado estratégicamente entre el barrio El Poblado y la avenida Las Palmas en Medellín. De acuerdo con la Fiscalía, la administración de Quintero impulsó decisiones clave para modificar el uso del suelo de este predio, levantando restricciones de construcción que favorecieron a privados presuntamente cercanos al círculo político del exmandatario.
“Todos actuando como servidores públicos, mediante acuerdo común y con división de trabajo criminal, se interesaron indebidamente en la modificación de este contrato”, declaró el ente acusador. El contrato hacía referencia a la cesión gratuita del predio por parte del municipio, gestionado a través de una conciliación que, según la Fiscalía, fue manipulada para favorecer intereses particulares.
¿Quiénes son los involucrados a parte de Daniel Quintero?
Las empresas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas S.A.S., representadas por Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda Salazar, junto con el empresario Juan Manuel Villegas, habrían solicitado al municipio un concepto favorable para la compensación de obligaciones urbanísticas. Esta solicitud habría desencadenado una serie de actos administrativos que hoy están bajo la lupa de la justicia.
Además de Quintero, las imputaciones alcanzan a exsecretarios de despacho, asesores jurídicos y otros actores clave de su administración. La Fiscalía dividió el proceso en dos fases: la primera, centrada en los exfuncionarios y empresarios; y la segunda, dirigida específicamente contra el exalcalde, en una imputación que lo ubica como el principal articulador del entramado.
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La audiencia: tensión y polémica
El inicio de la audiencia estuvo marcado por una nueva solicitud de aplazamiento debido a la ausencia de abogados defensores. No obstante, la Fiscalía se opuso con firmeza, argumentando que no se podían seguir dilatando los términos del proceso. El juez acogió este argumento y ordenó continuar con la imputación, excluyendo a los procesados que no contaban con representación legal.
“Con conocimiento del procedimiento, las empresas solicitaron al municipio liquidar el valor de la zona geoeconómica. Este valor fue estimado en 44.000 millones de pesos”, explicó la Fiscalía, en referencia a una maniobra que permitiría compensar ese monto mediante supuestas obligaciones urbanísticas, una figura legal que habría sido utilizada de manera irregular.
Daniel Quintero en el ojo del huracán
El capítulo más delicado del proceso está reservado para el propio Daniel Quintero Calle, quien ahora enfrenta formalmente un proceso penal y, según la Fiscalía, estaría a pocas semanas de recibir el escrito de acusación. El exmandatario es señalado de haber favorecido intereses privados en contra de los principios de legalidad y transparencia que rigen la función pública.
“Con la finalidad de favorecer intereses particulares, era contrario a los deberes que tenían como servidores públicos en sus respectivos cargos; además, conocían que el trámite y la expedición de este tipo de actos no puede llevarse a cabo sin el cumplimiento de los parámetros legales”, explicó la Fiscalía durante la audiencia.
La investigación sugiere que Quintero habría liderado o permitido la alteración de decisiones administrativas para abrir el camino a la valorización del predio y su uso urbanístico, todo esto en beneficio de terceros. Entre los señalados beneficiarios estarían personas vinculadas al exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, quien en el pasado fue padrino político de Quintero.
Impacto político y jurídico
La imputación ocurre en un momento clave para Quintero, quien ha manifestado públicamente su intención de aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026. Sin embargo, con un proceso judicial en curso, sus aspiraciones políticas podrían verse seriamente comprometidas.
De confirmarse las acusaciones, el exalcalde podría enfrentar inhabilidades para ejercer cargos públicos, además de sanciones penales severas por los delitos que se le atribuyen. Este caso se suma a una serie de controversias que han rodeado su gestión, incluyendo disputas con entes de control, enfrentamientos con el gobierno nacional y cuestionamientos por el manejo de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
¿Qué sigue ahora?
El proceso judicial continuará con la recopilación de pruebas, testimonios y la evaluación del acervo documental presentado por la Fiscalía. Se espera que en las próximas semanas se defina si se eleva el caso a juicio formal o si se logran acuerdos entre las partes.
En cualquier escenario, este escándalo reconfigura el panorama político en Antioquia y plantea interrogantes sobre la transparencia en la planeación urbanística de Medellín. También pone en evidencia la necesidad urgente de reformas que garanticen mayor vigilancia sobre los usos del suelo y la contratación pública en los entes territoriales.
