Gobierno Petro impone compra prioritaria de fincas y genera alerta por expropiación

Una nueva medida del Gobierno de Gustavo Petro ha desatado una fuerte controversia nacional. La reciente circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, identificada como CIR-2025-000184-4, establece que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendrá la opción preferencial de compra sobre predios que sean considerados aptos para la reforma agraria. Esto significa que antes de que un propietario venda una finca, deberá informar al Estado, quien decidirá si ejerce su derecho de compra.

Este cambio ha sido calificado por diversos sectores como un “zarpazo a la propiedad privada”, generando preocupación, especialmente en regiones rurales y ganaderas como La Guajira, Córdoba y Sucre, donde la medida empezará a aplicarse de manera inmediata.

¿En qué consiste la medida?

La circular en mención introduce nuevos lineamientos para todos los notarios del país. Según el artículo 2.14.6.4.15 del documento, la ANT —o cualquier entidad que cumpla sus funciones— podrá ejercer la opción privilegiada de compra de predios considerados aptos para la reforma agraria, siempre que el precio pactado en la promesa de compraventa no supere el avalúo comercial del bien inmueble.

En palabras más claras, el Estado tendrá la primera opción de compra cuando un propietario desee vender su finca, bajo el argumento de utilidad pública e interés social, establecidos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994. Si la ANT decide ejercer este derecho, tendrá un plazo de 15 días hábiles para manifestar su interés en iniciar el proceso de compra.

Además, el documento aclara que la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, perteneciente al Ministerio de Agricultura, será la encargada de priorizar los municipios donde se aplicará esta norma, y deberá reportar dicha información anualmente a la Superintendencia de Notariado y Registro.

Alerta entre los expertos y el sector ganadero

Uno de los primeros en levantar la voz fue el exviceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, expresidente de la Asociación de Exportadores de Ganado en pie (Aexgán). En su cuenta de X (antes Twitter), Botero calificó la medida como “muy grave” y la consideró el primer paso hacia una posible expropiación encubierta.

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“La Superintendencia emitió una resolución donde antes de vender una finca se debe informar a la ANT. Esta puede hacer uso de opción de compra preferencial y tiene 15 días para responder. Es el primer golpe a la propiedad privada rural. ¿Nos dejaremos meter la expropiación?”, escribió Botero.

Rechazo político: “El Gobierno se enloqueció”

La reacción política tampoco se hizo esperar. La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, expresó su desacuerdo de manera contundente:

“Se enloqueció este Gobierno. Un propietario de tierras decide cuándo vende y a quién le vende. Esto es un abuso inmenso contra la propiedad privada”.

Este tipo de declaraciones reflejan un creciente malestar entre líderes políticos, propietarios rurales, asociaciones ganaderas y expertos en derecho agrario.

¿Una medida impracticable?

El abogado Enrique Herrera Araújo, especialista en desarrollo rural y propiedad agraria, realizó un análisis detallado de la circular y concluyó que esta medida es impracticable y contraproducente, ya que la Agencia Nacional de Tierras no tiene la capacidad institucional para ejecutar eficazmente este tipo de procesos.

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Entre los riesgos más relevantes que identificó el abogado, se destacan:

• Incertidumbre jurídica entre compradores y vendedores.
• Freno al mercado de tierras, afectando negativamente la economía rural.
• Demoras en las transacciones, lo que puede desalentar la inversión en el campo.
• Riesgos de seguridad, como posibles extorsiones o secuestros por el manejo de información sensible.
• Posibilidades de corrupción al manejarse procesos con poca transparencia.
• Violación de principios legales básicos, lo que podría llevar a declarar la medida como inconstitucional.

“Este gobierno no genera soluciones, sino que crea problemas. Esta resolución es otra muestra de ello. En vez de facilitar el acceso a tierras de forma ordenada, lo que hace es sembrar desconfianza y parálisis en el sector rural”, aseguró Herrera.

Reforma agraria o intervención estatal excesiva

Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha insistido en llevar a cabo una reforma agraria integral, en busca de reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra. Sin embargo, esta nueva medida ha reactivado los temores sobre un posible modelo de expropiación indirecta, donde el Estado se arroga facultades que pueden ser percibidas como una amenaza a los derechos de propiedad privada.

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Aunque el Gobierno ha defendido la decisión asegurando que la opción de compra será voluntaria y se hará bajo condiciones de mercado, los críticos insisten en que la intervención previa del Estado altera profundamente la libertad de negociación entre privados.

¿Qué viene ahora?

Con este panorama, es previsible que haya una avalancha de demandas legales y acciones de tutela por parte de propietarios y gremios rurales que consideran que sus derechos están siendo vulnerados. También se espera un debate jurídico sobre la constitucionalidad de esta circular y su compatibilidad con el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política de Colombia.

Por ahora, lo cierto es que la desconfianza se ha instalado en el campo colombiano, donde muchos propietarios temen que esta medida sea solo el primer paso hacia una reforma que, en vez de equidad, podría traer inseguridad jurídica, freno al desarrollo rural y aumento de la tensión social.

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