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Audio revela abuso de poder de la esposa del ministro de Salud
Una nueva tormenta política sacude al Ministerio de Salud. Según una investigación exclusiva del periodista Daniel Coronell para la Revista Cambio, Beatriz Gómez Consuegra —superintendente delegada para prestadores de servicios en la Superintendencia Nacional de Salud y esposa del actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo— estaría incurriendo en presunto abuso de poder y toma de decisiones por fuera de sus competencias legales.
Una denuncia con pruebas y presiones
El escándalo gira en torno a un ambicioso proyecto estatal que buscaba adquirir un buque hospital para llevar atención médica a comunidades vulnerables del Amazonas. La inversión, valorada en 55.000 millones de pesos, ha sido presentada como una solución humanitaria para cerrar brechas de acceso en salud. No obstante, tras bambalinas, el proceso ha estado rodeado de irregularidades que podrían poner en riesgo no solo el éxito del proyecto, sino también el buen uso de los recursos públicos.
De acuerdo con Cambio, el contrato debía ser gestionado exclusivamente por el Ministerio de Salud. Sin embargo, Beatriz Gómez Consuegra, quien ocupa un alto cargo en la SuperSalud, habría intervenido de forma directa e indebida, presionando a funcionarios para que firmaran el convenio sin que existiera respaldo técnico ni jurídico suficiente.
Las denuncias apuntan a que Gómez Consuegra ordenó firmar el contrato a pesar de que los recursos para operar el buque no estaban garantizados. Dos funcionarios clave en el proceso, Lina Baracaldo —agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia— y Mario Castro —asesor jurídico de la entidad—, advirtieron que el proyecto no era viable y que podía terminar convirtiéndose en un desastre financiero.
Amenazas y consecuencias
El hecho más alarmante quedó registrado en un audio revelado por Cambio, donde, presuntamente, Gómez Consuegra exige la firma inmediata del contrato bajo amenaza de despido. “Ustedes firman hoy (…) o mañana me presentan la renuncia”, se escucha decir a la voz atribuida a la funcionaria.
Cuatro días después de la llamada, Lina Baracaldo fue removida de su cargo a través de una resolución emitida por la Superintendencia de Salud. Su reemplazo fue Dennis Amparo Vásquez Arias, una funcionaria con presuntos vínculos políticos en el departamento del Tolima, región natal del ministro Jaramillo.
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Este cambio súbito de personal alimenta las sospechas de que se están usando cargos públicos para favorecer intereses personales o políticos, un posible caso de nepotismo y tráfico de influencias dentro del sistema de salud colombiano.
Gómez Consuegra niega, pero no aclara
Consultada por la Revista Cambio, Beatriz Gómez Consuegra negó rotundamente haber hecho la llamada en cuestión y afirmó que el proyecto corresponde al Ministerio, no a la Superintendencia. Sin embargo, al ser confrontada con el audio, dijo no reconocer su voz, pese a que Coronell asegura que se trata inequívocamente de ella.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni la Superintendencia han emitido un pronunciamiento oficial que aclare los hechos o anuncie una investigación interna. El silencio institucional ha generado aún más inquietudes sobre la transparencia del proceso.
Reacciones y consecuencias políticas
La denuncia ha encendido las alarmas dentro de diversos sectores políticos y sociales. Expertos en derecho público y contratación estatal han advertido que este tipo de actuaciones podrían constituir faltas disciplinarias graves, abuso de autoridad y, eventualmente, delitos contra la administración pública.
Asimismo, se ha puesto en entredicho la independencia institucional entre el Ministerio de Salud y los organismos de control, al parecer interferidos por intereses familiares y políticos. La cercanía entre Gómez Consuegra y el ministro Jaramillo ha generado críticas sobre la concentración de poder en manos de una familia con control sobre dos de los cargos más estratégicos del sistema de salud.
Desde la oposición, algunos congresistas han solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía abrir investigaciones formales que esclarezcan los hechos y sancionen cualquier irregularidad.
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Un sistema de salud bajo presión
Este nuevo escándalo se suma a un contexto ya complejo para el sistema de salud colombiano, en medio de discusiones sobre reformas estructurales, déficit hospitalario, y creciente desconfianza hacia las entidades responsables del manejo de los recursos públicos.
En el Amazonas, mientras tanto, la incertidumbre se apodera de las comunidades que esperaban con esperanza la llegada del buque hospital. Si el contrato fue firmado bajo presión y sin respaldo financiero, el proyecto podría fracasar antes de zarpar.
Este caso no solo pone en evidencia posibles actos de corrupción, sino que también revela cómo decisiones mal tomadas en los altos niveles del poder pueden afectar directamente a las poblaciones más vulnerables del país.
Transparencia, una deuda pendiente
El manejo político del sector salud está nuevamente en el ojo del huracán. La denuncia sobre el actuar de Beatriz Gómez Consuegra y la falta de control institucional dejan al descubierto los vacíos de vigilancia en la administración pública.
Es imperativo que las autoridades competentes actúen de forma rápida y decidida para esclarecer los hechos, proteger la institucionalidad y garantizar que el sistema de salud funcione bajo los principios de legalidad, transparencia y equidad.
Mientras tanto, el país sigue esperando respuestas. Y, como siempre, es la ciudadanía la que paga el precio de los escándalos en la cúpula del poder.
