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CNE investiga a Juan Carlos Upegui por presunta financiación ilegal en su campaña
El CNE abre investigación formal contra el excandidato Juan Carlos Upegui por posibles aportes prohibidos en su campaña política. El caso pone en la mira los vínculos entre contratistas públicos y campañas electorales en Medellín.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha formulado cargos contra el excandidato a la Alcaldía de Medellín y exconcejal, Juan Carlos Upegui Vanegas, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral del año 2023. Según informó el organismo, la investigación gira en torno a la posible recepción de recursos provenientes de contratistas de la Alcaldía de Medellín, una fuente expresamente prohibida por la legislación colombiana.
La resolución que dio pie a esta investigación fue emitida el pasado 20 de marzo, abriendo un expediente formal contra Upegui, quien compitió por la Alcaldía con el respaldo del partido político Independientes, fundado por el exalcalde Daniel Quintero, su cuñado.
“Abrir investigación administrativa y formular cargos en contra del ciudadano Juan Carlos Upegui (…) por permitir presuntamente la financiación de su campaña electoral con fuentes de financiación prohibida”, señala textualmente el documento del CNE.
¿Qué se investiga exactamente?
El foco del proceso es determinar si Upegui recibió donaciones de personas naturales cuyos ingresos, en más de un 50%, provenían de contratos estatales. Esta práctica está explícitamente vetada por la ley electoral, ya que compromete la transparencia del proceso democrático y puede favorecer clientelismos o conflictos de interés.
Esta investigación no surgió de la nada. Desde el segundo semestre de 2023, se venían levantando múltiples alertas alrededor del elevado despliegue económico que tuvo la campaña de Upegui, notoriamente superior al de otros aspirantes al mismo cargo.
Una de las principales señales de alarma fue la infraestructura de campaña que utilizó Upegui: un edificio de tres pisos en la Avenida 80 con calle Colombia, además de una intensa inversión en publicidad, especialmente en redes sociales. Por ejemplo, se reportó que solo en Facebook se invirtieron más de $96 millones de pesos en anuncios políticos.
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Las advertencias venían desde antes de las elecciones
A medida que avanzaba la campaña, distintas voces comenzaron a señalar públicamente que dentro de los donantes figuraban contratistas del Distrito de Medellín, lo que ya encendía alarmas sobre una posible financiación irregular. La situación escaló cuando el propio Upegui reconoció la existencia de posibles aportes irregulares.
En una entrevista concedida a Noticias Caracol en octubre de 2023, el entonces candidato admitió que su equipo estaba revisando los aportes recibidos:
“Lo que estamos haciendo nosotros es la evaluación y los donantes que, por ejemplo, no cumplan las condiciones, obviamente se les devuelven los recursos (…). Estamos sacando a los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación”, expresó Upegui en dicha entrevista.
El excandidato añadió que su equipo estaba comprometido con saneamiento y transparencia, asegurando que todos los reportes de financiación serían entregados a la plataforma Cuentas Claras, como exige la ley.
Denuncia formal y reacción institucional
Las advertencias públicas se materializaron en una denuncia formal presentada por el congresista antioqueño Hernán Darío Cadavid, quien solicitó el 1 de noviembre de 2023 que el CNE iniciara una investigación contra Juan Carlos Upegui.
En el documento, Cadavid argumentó que durante la campaña de Upegui se habrían recibido aportes de contratistas y funcionarios públicos, lo cual estaría violando el Artículo 396 del Código Penal Colombiano y el Artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, que regula la financiación de campañas políticas.
Esta denuncia fue clave para que el CNE iniciara el proceso investigativo, el cual avanza actualmente con la formulación de cargos, un paso que podría tener consecuencias legales y políticas importantes, tanto para Upegui como para el movimiento político que representa.
¿Qué implicaciones tiene esta investigación?
La formulación de cargos por parte del CNE no implica una sanción inmediata, pero sí marca el inicio de un proceso que puede derivar en multas, inhabilidades para ocupar cargos públicos o incluso acciones penales, dependiendo de los hallazgos.
Este caso también reabre el debate sobre la financiación de campañas en Colombia, en especial en ciudades donde el control de la contratación pública puede estar íntimamente ligado a proyectos políticos.
La presunta participación de contratistas como financiadores ilegales, y el hecho de que uno de los principales implicados sea cercano al exalcalde Quintero, vuelve a poner en entredicho el uso de recursos públicos con fines electorales. Una situación que, de comprobarse, vulneraría principios básicos de la democracia.
¿Qué sigue para Upegui y para el CNE?
Juan Carlos Upegui tendrá la oportunidad de responder a los cargos y presentar su defensa ante el Consejo Nacional Electoral. El proceso entrará en una etapa de recopilación de pruebas, audiencias y análisis financiero de su campaña.
Por su parte, el CNE deberá determinar si existen elementos suficientes para sancionar al excandidato y, eventualmente, trasladar el caso a instancias penales si se evidencia una posible comisión de delitos.
Mientras tanto, el caso sigue generando impacto en la opinión pública, especialmente en Medellín, donde el debate sobre la ética política y el uso de los recursos públicos sigue más vigente que nunca.
