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Crisis institucional tras decreto de Petro sobre consulta
En un nuevo capítulo que ha polarizado a Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular, desatando una fuerte tormenta política en el país. La decisión del mandatario ha sido calificada por diversos sectores como un acto de presión directa sobre el Congreso, que ya había hundido la iniciativa en el Senado, y ha generado una ola de reacciones que van desde denuncias penales hasta acusaciones de chantaje, golpe institucional y amenazas a la democracia.
La firma del decreto busca revivir una consulta popular cuyo propósito es permitir al pueblo colombiano pronunciarse sobre aspectos clave de la reforma laboral, una propuesta estructural promovida por el Gobierno que ha sido duramente cuestionada en el Congreso. Petro afirmó que la única forma de frenar la consulta es mediante la aprobación de la reforma por parte del poder legislativo. “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo (…) sean respondidos positivamente por el Congreso”, escribió el presidente en sus redes sociales.
La declaración de Petro, acompañada por el envío del decreto a la Corte Constitucional, ha sido interpretada por muchos como una amenaza directa al legislativo y una presión sin precedentes para que se apruebe la reforma laboral bajo sus términos. El mandatario ha sostenido que el mecanismo es una herramienta legítima de participación ciudadana, pero la oposición lo ve como un uso indebido del poder para imponer una agenda política a través de métodos populistas.
Fuerte rechazo desde el Congreso y la oposición
Uno de los pronunciamientos más sonoros vino de la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, quien calificó el decreto como un “burdo chantaje” al Congreso. Según la congresista, el presidente está utilizando una consulta popular como arma política para presionar a los legisladores y minar la separación de poderes. “Golpe nada blando. Burdo chantaje, además”, escribió Lozano, dejando clara su postura frente a lo que considera un ataque a la institucionalidad.
Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño anunció acciones legales inmediatas contra los ministros firmantes del decreto. “Ya está lista la demanda de nulidad y la denuncia contra todos los ministros. No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la Constitución y la ley”, aseguró en un mensaje contundente.
Katherine Miranda, representante a la Cámara, fue más allá y calificó la medida como un “golpe de Estado” promovido por un gobierno al que calificó de dictatorial. “Notificados del golpe de Estado y de su tránsito a una dictadura”, afirmó en sus redes, sumándose a la alarma generalizada sobre el rumbo que está tomando el Ejecutivo.
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Preocupaciones sobre violencia e institucionalidad
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su preocupación por el contexto de violencia que vive el país, asegurando que el decreto presidencial solo contribuye a escalar el clima de tensión. “Esto no ayuda en nada a calmar los ánimos en Colombia”, declaró, haciendo alusión al aumento de ataques terroristas y a la inseguridad que golpea a varias regiones del país.
El expresidente Iván Duque también intervino en el debate, calificando la medida como una violación a la independencia de poderes. “Gustavo Petro ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes, pasando por encima de una decisión soberana del Senado”, enfatizó, y pidió al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Constitucional abstenerse de darle trámite a la convocatoria.
En la misma línea, la senadora Paloma Valencia alertó sobre el riesgo que representa este decreto para la democracia colombiana en medio de un ambiente de creciente violencia política. “El presidente Petro decide irse también contra la institucionalidad y amenazarnos; vuelve a desplegar su bandera de libertad o muerte”, advirtió.
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Voces que exigen enfoque en seguridad, no en polarización
Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, criticó al presidente por desviar su atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país. “El Presidente debería estar usando lo que le queda de legitimidad (poco) en recuperar el orden y la seguridad, combatir a los grupos armados y darle tranquilidad a la gente, pero no, insiste en su agenda de división”, dijo en redes sociales.
Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, también hizo un llamado a la ciudadanía a defender la democracia. En su opinión, el decreto es una táctica de control institucional. “Firmó el ‘decretazo’ que ordena la consulta populista, aun cuando el Senado la había hundido. En Petro no se puede confiar porque él nos quiere rendidos, sometidos”, escribió.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo se sumó a las críticas, indicando que el decreto refleja una desconexión total con la realidad del país. “Muy mal Presidente. No solamente rompe usted con las instituciones, sino que además pone en riesgo la democracia (…) en este momento crítico de nuestro país cuando la inseguridad y violencia se han convertido en nuestra nueva realidad”, expresó.
Una minoría respalda al mandatario
En contraste con la ola de críticas, la congresista Esmeralda Hernández respaldó al presidente Petro, señalando que si el Congreso se niega a garantizar derechos laborales a través de la reforma, será el pueblo quien decida en las urnas. “Total respaldo al decreto firmado por el pdte @petrogustavo. Que sea la democracia quien tenga la última palabra”, puntualizó.
El país en vilo: ¿Consulta o crisis institucional?
Con este nuevo episodio, Colombia se encuentra nuevamente en un punto de inflexión política. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto, mientras que las fuerzas políticas se preparan para una confrontación que podría definir el rumbo institucional del país. La consulta popular, lejos de ser un mecanismo neutro de participación, se ha convertido en un símbolo de fractura entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Mientras tanto, el país observa con preocupación cómo se incrementa la polarización, la inseguridad y la tensión institucional, en un momento donde se esperaba diálogo, consensos y respuestas ante los verdaderos problemas nacionales.
