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Exministro Luis Fernando Velasco vinculado a presunto direccionamiento de contratos en la UNGRD
La Fiscalía General de la Nación ha revelado una nueva arista en el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En una reciente imputación de cargos contra los exdirectivos de la entidad, Sneyder Pinilla y Olmedo López, se detalló la presunta participación de altos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro en el direccionamiento indebido de contratos millonarios.
Una nueva fase en el proceso judicial
La Fiscalía ha abierto una nueva línea procesal en la investigación por corrupción en la UNGRD, que involucra a varios exfuncionarios gubernamentales. En esta ocasión, se señala al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como una de las figuras clave en el direccionamiento de contratos por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. Según el ente acusador, Velasco habría dado instrucciones directas a Olmedo López para beneficiar al congresista Julio Elías Chagüi.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía señaló que el 4 de diciembre de 2023, el exministro Velasco habría sostenido una reunión con López, en la que se le ordenó el direccionamiento de estos contratos. El objetivo era que Chagüi determinara en qué municipios y con qué empresas se ejecutarían estos proyectos. Sin embargo, a raíz del escándalo que se desató, los contratos finalmente no fueron adjudicados.
Más nombres en la investigación
No solo Luis Fernando Velasco está en la mira. La Fiscalía también mencionó a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla; y Jaime Ramírez Cobo, quien fungía como enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) con el Congreso. Estos exfuncionarios están implicados en el direccionamiento indebido de tres contratos en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
El expediente de la Fiscalía revela que estos contratos fueron de interés para varios congresistas, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya. Ramírez Cobo habría comunicado a la UNGRD la necesidad de tramitar la adjudicación de estos contratos para cumplir compromisos con los legisladores de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso.
Millonarias sumas en juego
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos presuntamente direccionados sumaban un total de 92.000 millones de pesos. En concreto, Ricardo Bonilla habría transmitido la necesidad de asignar estos recursos para satisfacer las exigencias de ciertos congresistas. Por su parte, María Alejandra Benavides informó a Olmedo López que los contratos tendrían un valor aproximado de 92.000 millones de pesos, distribuidos en los municipios mencionados.
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Los proyectos en cuestión estaban destinados a mitigar la temporada de lluvias en diversas regiones del país. Entre ellos, destacan:
- Cotorra (Sucre): 44.522 millones de pesos.
- Carmen de Bolívar (Bolívar): 12.356 millones de pesos.
- Saravena (Arauca): 32.559 millones de pesos.
- Sahagún (Córdoba): 28.146 millones de pesos.
- Alquiler de maquinaria amarilla en Riohacha (La Guajira): 2.125 millones de pesos.
A pesar de los intentos por adjudicar estos contratos de manera irregular, la Fiscalía aclaró que no llegaron a concretarse debido a la exposición mediática del escándalo. Sin embargo, la investigación se mantiene firme en demostrar la intención de favorecer a ciertos sectores políticos mediante el uso indebido de los recursos públicos.
Imputaciones y respuesta de los implicados
A partir de las pruebas recopiladas, la Fiscalía imputó a Sneyder Pinilla y Olmedo López por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en al menos cinco casos irregulares. No obstante, ninguno de los implicados aceptó los cargos.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue en curso y podría derivar en nuevas imputaciones contra los funcionarios mencionados en la investigación. La atención se centra ahora en determinar hasta qué punto llegó la red de corrupción dentro de la UNGRD y cuáles podrían ser las consecuencias para los responsables.
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Un escándalo con repercusiones políticas
Este caso ha generado una gran controversia en el panorama político colombiano. La posible participación de exministros y congresistas en el direccionamiento irregular de contratos afecta directamente la imagen del gobierno de Gustavo Petro. A pesar de que los contratos no fueron adjudicados, la revelación de estas maniobras pone en entredicho la gestión de los recursos destinados a emergencias y desastres en el país.
Las próximas audiencias y el desarrollo del caso podrán arrojar más luz sobre la magnitud de este entramado de corrupción. Por ahora, la Fiscalía continúa recabando pruebas y se espera que nuevas revelaciones sigan impactando el escenario político nacional.
