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Economía

Impacto devastador: Tiendas de barrio al borde del colapso tras 30 días del impuesto saludable

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Tiendas de barrio al borde del colapso tras 30 días del impuesto saludable

Desde el 1 de noviembre, el impuesto saludable en Colombia ha desencadenado una cascada de aumentos en productos comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas, dejando a las tiendas de barrio en una situación crítica.

En el marco de la reforma tributaria liderada por el Gobierno de Gustavo Petro, este impuesto busca desincentivar el consumo de alimentos poco saludables. Sin embargo, después de apenas 30 días de su implementación, las consecuencias en las pequeñas tiendas son evidentes.

El impuesto varía según la cantidad de sodio y azúcares en los ultraprocesados, con una tarifa inicial del 10%, aumentando hasta el 20% en 2025, con algunas excepciones como el salchichón, butifarra, pan y arequipe.

Para las bebidas azucaradas, las tarifas también son escalonadas, afectando productos con cantidades específicas de azúcar por cada 100 mililitros. El Ministerio de Hacienda estimó un impacto en la inflación, pronosticando 0,21 puntos porcentuales en 2023, 0,11 en 2024 y 0,12 en 2025.

El sector más afectado ha sido el de las tiendas de barrio, conocidas por comercializar estos productos. Infobae Colombia realizó un recorrido por diferentes sectores de Bogotá para evaluar el impacto del impuesto saludable.

En el barrio Quinta Paredes, los tenderos señalaron que productos como las papas De Todito han experimentado un aumento del 7.14%, pasando de $7.000 a $7.500. Una Coca-Cola de 600 ml, por su parte, aumentó un 12.5%, pasando de $4.000 a $4.500.

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En Suba Compartir, al noroccidente de Bogotá, los embutidos subieron un 13%, superando la sugerencia del Gobierno del 10%. Los paquetes de papas y mecatos experimentaron una notable disminución en las ventas.

Leidy Mancera, de la tienda Los Cerezos en Engativá, destacó incrementos significativos en productos como salchichas, gaseosas y dulces, afectando el bolsillo de los consumidores.

Elmer Flórez, de la Plaza de Mercado del barrio Quirigua, informó sobre alzas en productos como cerdo, bebidas y embutidos, con un aumento promedio de $1.000 a $1.500.

Ismael Yara, también de la Plaza de Mercado del barrio Quirigua, confirmó incrementos en gaseosas y carnes, afectando las ventas, que bajaron aproximadamente un 20%.

Edgar Ramos, de la tienda Donde Edgar en el barrio Cedritos, resaltó aumentos en gaseosas, fritos y dulces, llegando a considerar cerrar el local a partir del próximo año.

Fernando Chilito, administrador de Comunal Express, expresó su preocupación por el aumento del 10% en paquetes y bebidas azucaradas, sumado a las alzas de las empresas, generando un alza total de $1.000.

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Omar Jiménez, administrador de Supermet, lamentó que productos como galletas, chocolates y maní subieran entre un 10% y un 15%, afectando sus pedidos y enviando un mensaje crítico al presidente Gustavo Petro.

La realidad es clara: el impuesto saludable ha golpeado duramente a las tiendas de barrio, incrementando los precios de productos básicos y afectando a los más vulnerables económicamente.

En este panorama desafiante, los tenderos expresan su preocupación, señalando que las ventas han disminuido considerablemente. Los consumidores, especialmente los de bajos ingresos, se ven obligados a reconsiderar sus compras diarias debido a los aumentos significativos.

En el barrio Ducales de Soacha, Martín Sepúlveda subraya cómo los productos destinados a los niños, como papas y galletas, han experimentado aumentos, afectando directamente a los más pequeños.

Es innegable que este impuesto ha tenido un impacto adverso en la economía de las tiendas de barrio y, por ende, en la calidad de vida de los ciudadanos. La pregunta que surge es si los beneficios a largo plazo justificarán los costos inmediatos y si se están considerando medidas adicionales para mitigar estos efectos negativos.

En medio de este escenario, el debate sobre la efectividad de las medidas gubernamentales en la promoción de hábitos saludables y la lucha contra la obesidad sigue vigente. La incertidumbre persiste en cuanto a cómo evolucionarán las cifras y si se implementarán ajustes para equilibrar el impacto económico y la salud pública.

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