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Imputan a Bonilla por escándalo en la UNGRD
El caso de corrupción que sacude al Gobierno Petro suma un nuevo protagonista: el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla será imputado por tráfico de influencias e interés indebido en contratos públicos.
La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes que presentará imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El exfuncionario del Gobierno Petro será señalado por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, en medio de una investigación que ya compromete a varios altos exfuncionarios del actual Ejecutivo.
Testimonios clave y principio de oportunidad
Según confirmó la fiscal delegada María Cristina Patiño, el proceso contra Bonilla se apoya principalmente en el testimonio de su exasesora, María Alejandra Benavides Soto, quien negocia un principio de oportunidad con el ente acusador. La aprobación de este principio por parte de un juez de control de garantías será el paso previo a la solicitud formal de audiencia para la imputación de cargos.
“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que, en virtud de una negociación de principio de oportunidad, tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto”, declaró la fiscal Patiño.
El testimonio de Benavides indica que el exministro le habría ordenado intervenir directamente en la adjudicación de tres contratos por un valor aproximado de 92.000 millones de pesos. Estos contratos, gestionados a través de la UNGRD, estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Red de influencias políticas
La Fiscalía asegura que los contratos en cuestión fueron direccionados con el objetivo de influir en varios congresistas de la Comisión de Crédito Público, buscando su apoyo en la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra Benavides, se reveló que Bonilla habría dado instrucciones precisas para facilitar proyectos de inversión regional a ciertos parlamentarios, a través de la UNGRD. Entre los mencionados están los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, y los senadores Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo.
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“Recibida la instrucción del entonces ministro, este le manifestó a usted que los proyectos contractuales que recibirían debían ser tramitados a través de la UNGRD”, leyó la Fiscalía durante la audiencia.
Estos proyectos habrían sido utilizados como moneda de cambio política, en un esquema donde el respaldo parlamentario a iniciativas del Gobierno se obtenía mediante el direccionamiento de recursos públicos.
Bonilla se defiende: «No tengo nada que ocultar»
Desde que su nombre apareció vinculado al escándalo, Ricardo Bonilla ha negado rotundamente las acusaciones. En entrevistas pasadas, el exministro aseguró ser víctima de un “linchamiento mediático” impulsado por sectores de oposición, en especial del uribismo y Cambio Radical.
“No tengo nada que ocultar. No existe ninguna imputación, ni orden de captura. La Fiscalía no ha hablado conmigo. Este linchamiento moral es lo único que me molesta dentro de este proceso”, declaró Bonilla en entrevista con W Radio.
También ha buscado distanciarse de su exasesora, asegurando que Benavides “no era su mano derecha” y que su rol se limitaba a ser un enlace temporal entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso. Aunque reconoce que ella tenía una relación cercana con varios legisladores, insiste en que el Ministerio de Hacienda no ejecuta contratos ni se relaciona con contratistas.
Conversaciones reveladoras
La Fiscalía cuenta con un conjunto de conversaciones de WhatsApp que habrían sido determinantes para involucrar a Bonilla en la trama. Estos chats, revelados en diciembre de 2024, muestran intercambios entre Jaime Ramírez Cobo (exasesor de Presidencia), María Alejandra Benavides, el propio Bonilla, y Sneyder Pinilla, exfuncionario de la UNGRD.
En estos mensajes se evidencia la coordinación para aprobar contratos por 92.000 millones de pesos destinados a los tres municipios mencionados. La Fiscalía sospecha que tales movimientos respondían a presiones ejercidas por congresistas, dentro de un esquema más amplio de corrupción en el manejo de los recursos públicos asignados a la gestión de desastres.
El contexto de la UNGRD
Este nuevo capítulo del caso UNGRD refuerza la crisis de credibilidad que atraviesa el Gobierno de Gustavo Petro, especialmente en torno al manejo de fondos públicos. La UNGRD, encargada de responder a emergencias y desastres naturales en Colombia, se ha visto envuelta en escándalos que involucran a funcionarios de alto nivel, y que apuntan a un uso indebido de sus recursos para fines políticos.
A medida que avanza la investigación, crece la presión pública y mediática por conocer la magnitud del entramado de corrupción que, aparentemente, usaba el aparato estatal para intercambiar contratos por apoyos legislativos.
¿Qué sigue para el exministro?
Por ahora, la imputación de cargos contra Ricardo Bonilla depende de que un juez apruebe el principio de oportunidad con María Alejandra Benavides. Una vez se supere ese trámite, la Fiscalía avanzará con la solicitud de audiencia para formalizar la imputación por los dos delitos mencionados.
Este proceso podría abrir la puerta a nuevas revelaciones sobre cómo se manejaron los recursos de la UNGRD y qué otros funcionarios o congresistas estarían implicados. Bonilla, por su parte, sigue defendiendo su inocencia, pero las pruebas y testimonios parecen estrechar el cerco judicial a su alrededor.
