Actualidad
JEP otorga millonario contrato a actores petristas para exaltar su labor
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado controversia tras conocerse que otorgó un contrato directo por 441.805.000 pesos al Teatro Petra, dirigido por los actores Fabio Rubiano y Marcela Valencia, reconocidos por su apoyo al presidente Gustavo Petro.
El contrato, sin licitación, destinó 197.800.000 pesos para financiar la obra Mantener el juicio, cuyo propósito es resaltar la labor del tribunal. Mientras tanto, el Teatro Petra aportó 244.005.000 pesos en producción.
Detalles del contrato y pagos a los actores
El documento, obtenido a través de una solicitud de veeduría del ciudadano Jairo Ladino, expone la distribución de los fondos públicos y los honorarios de los actores y personal técnico involucrados.
Cada uno de los actores principales, incluyendo a Fabio Rubiano, Marcela Valencia, Juanita Cetina, Derly Neira, Sharon Pacheco, Bernardo García, Juan Diego Marín y Liliana Escobar, recibió 13.800.000 pesos por su participación en ocho funciones.
Adicionalmente, la producción incluyó otros gastos financiados por la JEP, como:
- Sonido: 8 millones de pesos.
- Composición musical: 10 millones de pesos.
- Estrategia de divulgación y difusión: 10 millones de pesos.
Por su parte, el Teatro Petra se encargó de otros costos operativos:
- Escenografía, iluminación y utilería: 84.149.000 pesos.
- Vestuario: 35.396.000 pesos.
- Dramaturgia y dirección: 60 millones de pesos.
- Disponibilidad del teatro: 64.600.000 pesos.
Vínculos con la campaña de Petro y el cuestionamiento público
Este contrato ha generado críticas debido a los antecedentes políticos de los actores beneficiados. En 2022, durante la campaña presidencial, Rubiano, Valencia y Julián Román participaron en un video de apoyo a Gustavo Petro, en el que expresaban sus preocupaciones sobre la falta de financiación para el teatro y la cultura en Colombia.
En el video, Román menciona que su salario en teatro apenas le alcanza para comprar dos panes, mientras que Rubiano brinda con vino esperando que el nuevo gobierno aumente el presupuesto para la cultura. Sin embargo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció recientemente una reducción del 18% en su presupuesto para 2025.
![](https://canalcncmedellin.com/wp-content/uploads/2023/10/Pauta-2.jpg")
El escándalo se intensifica con otro contrato millonario otorgado a Fabio Rubiano en 2024. A través de la Corporación Colombia Crea Talento (Cocrea), organismo mixto adscrito al Ministerio de Cultura, Rubiano recibió 185 millones de pesos por su dirección en el Festival Internacional de Artes Vivas (Fiav) 2024. Este monto fue desembolsado en cuatro pagos: dos de 55.500.000 pesos en junio y julio, y otros dos de 37 millones en septiembre y octubre.
Te puede interesar: Raphy Pina, Daddy Yankee y la batalla legal que sacude el reguetón
La reacción pública y el impacto político
El hecho de que estos contratos se otorgaran sin licitación y beneficiaran directamente a artistas con afinidades políticas evidentes ha provocado un debate sobre el uso de recursos públicos.
Críticos de la administración actual argumentan que este tipo de asignaciones refuerzan una tendencia de favoritismo político y nepotismo en el sector cultural. Mientras tanto, defensores del contrato sostienen que el arte es un medio válido para la comunicación y sensibilización sobre los procesos de paz en Colombia.
El ciudadano Jairo Ladino, quien solicitó los documentos de este contrato, ha resaltado la contradicción entre el discurso previo de los actores sobre la precariedad en la cultura y los millonarios contratos que han recibido en el gobierno de Petro. La frase «Yo quiero vivir sabroso», mencionada en el video de campaña de 2022, cobra nueva relevancia en el contexto actual.
La adjudicación de estos contratos reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y la imparcialidad en la asignación de fondos estatales a proyectos culturales. A medida que avanza el gobierno de Gustavo Petro, casos como este podrían seguir alimentando el escrutinio sobre la gestión del presupuesto para el sector cultural y la posible instrumentalización del arte con fines políticos.
