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Nueva fecha para la imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero
La imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el marco del escándalo Aguas Vivas, ya tiene una nueva fecha. El Juzgado 31 Penal Municipal reprogramó la audiencia para el martes 8 de abril a las 2:10 p.m., tras haber sido aplazada por segunda vez debido a excusas presentadas por la defensa de los implicados.
Un proceso marcado por aplazamientos y dilaciones
El pasado martes, la audiencia fue suspendida nuevamente luego de que el abogado Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, representante del exsecretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Carlos Mario Montoya Serna, argumentara que tenía compromisos judiciales en La Ceja en las fechas programadas para la diligencia. Esta excusa se sumó a una serie de aplazamientos previos que han generado un intenso debate en el ámbito judicial y político.
El 21 de marzo, días antes de la fecha original de la imputación, la defensa del exsecretario General de Medellín, Fabio Andrés García, también logró posponer la audiencia al alegar que tenía compromisos personales y profesionales, entre ellos su grado de maestría y otra diligencia en la Corte Suprema de Justicia. Además, el abogado de Daniel Quintero solicitó más tiempo para preparar su defensa.
Estos reiterados retrasos han levantado sospechas sobre una posible estrategia de dilación para evitar que el proceso avance con rapidez, lo que ha avivado la controversia en torno a la investigación del caso Aguas Vivas.
El caso Aguas Vivas: un escándalo de millonarias implicaciones
Daniel Quintero y 12 altos exfuncionarios y particulares enfrentan una investigación por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. La Fiscalía busca esclarecer cómo un lote ubicado en Las Palmas fue avaluado por la Alcaldía en $48.234 millones en 2021, supuestamente para beneficiar a privados.
Uno de los puntos clave de la investigación es la firma de un decreto por parte del exalcalde Quintero, el cual habría modificado el uso del suelo del predio en cuestión. Esta acción se dio después de que la justicia impidiera a la Alcaldía concretar una conciliación con la que se pretendía pagar $40.509 millones a los privados involucrados en la transacción.
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Polémica y politización del proceso
El proceso judicial no solo ha despertado críticas por los aplazamientos, sino también por los insistentes llamados de Daniel Quintero para que su caso sea trasladado a Bogotá. Esta petición ha generado aún más tensión, especialmente porque el presidente Gustavo Petro ha manifestado su respaldo al exalcalde y ha amplificado la narrativa de una supuesta persecución política en su contra.
Para algunos analistas y sectores de la opinión pública, la posibilidad de que el caso se traslade a la capital del país podría beneficiar a Quintero, dada la influencia política que podría ejercer el Gobierno Nacional en el proceso. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía mantiene la investigación en Medellín, donde se originaron los hechos.
Las consecuencias de un caso emblemático
El desenlace del caso Aguas Vivas podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en administraciones locales. Dependiendo de las pruebas presentadas y del fallo final, los implicados podrían enfrentar sanciones penales que incluyen prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo en torno a la próxima audiencia del 8 de abril. ¿Se llevará a cabo sin nuevos aplazamientos? ¿O será este otro capítulo en una estrategia de dilación que ha puesto en vilo a la opinión pública?
Por ahora, lo único seguro es que este proceso seguirá generando reacciones y debates tanto en Medellín como en el ámbito nacional. La atención estará puesta en lo que ocurra en las próximas semanas y en la posibilidad de que, finalmente, el exalcalde Daniel Quintero enfrente la justicia por su papel en el caso Aguas Vivas.
