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Petro llama a consulta popular tras revés en el Senado
El presidente Gustavo Petro ha decidido tomar una ruta inesperada tras el fracaso de su reforma laboral en el Senado y las dificultades que enfrenta la reforma a la salud. En una medida que ha generado un fuerte debate en el país, el mandatario anunció que convocará a una consulta popular para que la ciudadanía decida el futuro de estas iniciativas. Mientras tanto, la oposición denuncia que esta movida desconoce la separación de poderes y pone en jaque el equilibrio institucional de Colombia.
El trasfondo de la consulta popular
El anuncio de Petro llegó después de que la Comisión Séptima del Senado archivara la reforma laboral con ocho votos a favor de su eliminación, en una decisión que dejó en evidencia la falta de mayorías en el Congreso para sacar adelante las propuestas del Ejecutivo. Ante este escenario, el presidente optó por recurrir a la movilización popular, evocando el estallido social de 2021 y denunciando un supuesto bloqueo institucional.
En su alocución presidencial, Petro manifestó que el Gobierno Nacional convocará a una consulta popular para definir el destino de la reforma laboral y la reforma a la salud. «Que sea el pueblo el que decida», afirmó con contundencia.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución para consultar a la población sobre decisiones de trascendencia nacional. Sin embargo, este proceso requiere la aprobación del Senado y el respaldo de los ministros, lo que plantea nuevos desafíos para su viabilidad.
¿Qué implica una consulta popular?
Para que la consulta popular se materialice, el Gobierno debe presentar una justificación ante el Senado, el cual tendrá 20 días para pronunciarse. Si el Congreso da su visto bueno, la consulta se llevaría a cabo en un plazo de tres meses.
El mecanismo exige la participación de al menos una tercera parte del censo electoral, equivalente a 13,6 millones de personas, y el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos para que la decisión sea vinculante.
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La consulta, de ser aprobada, podría convertirse en un termómetro de la popularidad de Petro y en un referendo indirecto sobre su gestión. Para el presidente, se trata de una oportunidad para validar sus reformas ante la ciudadanía, mientras que para sus opositores es una estrategia para presionar al Congreso y saltarse los controles institucionales.
Reacciones y controversia
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que Petro «está en su derecho, que el pueblo decida». Sin embargo, desde la oposición, senadores como Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) han advertido que responderán a la convocatoria con movilizaciones en las calles para promover el rechazo a las reformas del Gobierno.
Por su parte, Katherine Miranda (Alianza Verde) criticó duramente al presidente, acusándolo de desconocer la autoridad del Congreso y de incitar a la violencia. «Se rompe el orden constitucional y la separación de poderes», advirtió.
El abogado Julián Quintana, doctor en derecho y profesor de la Universidad Externado, cuestionó la legalidad de la consulta. Según él, este mecanismo no puede aplicarse a proyectos de articulado, por lo que considera que la propuesta de Petro es una estrategia para forzar la aprobación de sus reformas. «Quiere ponerle un cuchillo en el cuello a los congresistas para que las aprueben a la fuerza», señaló.
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El ajedrez político detrás de la consulta
El contexto político que rodea esta decisión es complejo. La falta de mayorías en el Senado ha sido una constante en el gobierno de Petro, lo que ha dificultado la aprobación de sus proyectos más ambiciosos. La reciente derrota de la reforma laboral es una muestra clara de este problema, ya que el Gobierno no logró consolidar el respaldo suficiente, incluso dentro de sectores que en teoría deberían ser sus aliados.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció la gravedad de la situación y expresó su preocupación por la forma en que se archivó la reforma laboral. «Nunca vi que casi que por asalto se radicara una ponencia para hundir un proyecto de esta manera», declaró.
Entre los congresistas que votaron por el archivo de la reforma laboral se encuentran senadores de diferentes partidos, incluyendo a Nadia Blel y Esperanza Andrade (Partido Conservador), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA). Este bloque logró conformar una mayoría inesperada que selló el destino del proyecto.
¿Qué sigue para el Gobierno?
El futuro de la consulta popular es incierto. Aunque Petro cuenta con el apoyo de su base política y de sectores sociales que podrían movilizarse en las calles, aún debe superar los filtros legales e institucionales que rigen este tipo de procesos.
Mientras tanto, el Gobierno deberá enfrentar las consecuencias políticas de este nuevo choque con el Senado. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya ha convocado movilizaciones para el próximo 18 de marzo en defensa de la reforma laboral, lo que podría convertirse en una nueva muestra de respaldo al presidente o en un reflejo de las crecientes tensiones políticas del país.
En este escenario, Petro apuesta por la legitimidad popular para sostener sus reformas, pero la estrategia no está exenta de riesgos. Si la consulta no logra la participación necesaria o es bloqueada en el Congreso, el presidente podría quedar aún más debilitado políticamente.
Por ahora, Colombia se prepara para un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde la consulta popular se perfila como el próximo gran pulso del Gobierno en su intento de transformar el país.
