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Sandra Ortiz se queda sin inmunidad penal Fiscalía rechaza principio de oportunidad en caso UNGRD
Escándalo por corrupción en la UNGRD sacude a exfuncionarios del alto gobierno: se desmorona intento de colaboración de la exconsejera Sandra Ortiz.
En medio del escándalo de corrupción más grave que ha salpicado al actual gobierno colombiano, la Fiscalía General de la Nación ha revelado nuevos y contundentes detalles del proceso judicial que involucra a altos funcionarios y exfuncionarios públicos. En el centro de la noticia está Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien solicitó inmunidad penal total a cambio de colaborar con la justicia. Sin embargo, su intento fue rechazado por las autoridades judiciales, lo que marca un nuevo capítulo en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Fiscalía niega inmunidad a Sandra Ortiz por colaboración «confusa»
Este miércoles, la Fiscalía informó que tiene en curso “múltiples actividades investigativas” relacionadas con el direccionamiento irregular de contratos y la apropiación de recursos públicos de la UNGRD. Como parte de esas investigaciones, se han llevado a cabo acercamientos con Sandra Ortiz con el objetivo de explorar una posible negociación judicial.
No obstante, según el ente acusador, la solicitud de Ortiz —quien aspiraba a acogerse a un principio de oportunidad con inmunidad penal total— fue descartada. La razón, según la Fiscalía, radica en que la información ofrecida por la exfuncionaria es “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”.
“La colaboración que ofrece a la justicia no superaría la valoración y el control judicial”, aseguró la Fiscalía en su comunicado.
Ortiz está imputada por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, delitos considerados de alta gravedad. La Fiscalía argumenta que no puede otorgarse un beneficio judicial de tal magnitud cuando los elementos de prueba no son suficientes ni consistentes.
La exconsejera Sandra Ortiz amenaza con revelar detalles públicamente
Tras el rechazo de su solicitud, Sandra Ortiz habría manifestado su intención de hacer públicos los términos de los acercamientos que ha tenido con la Fiscalía y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción que sacude a la UNGRD.
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Este escándalo estalló en mayo de 2024 y ha escalado rápidamente, salpicando a varias figuras del alto gobierno, incluyendo al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco. También han sido vinculados congresistas como Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
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El corazón del escándalo: $46.800 millones perdidos
El caso gira en torno a la malversación de $46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna que debían abastecer de agua potable a comunidades vulnerables del departamento de La Guajira. Sin embargo, los contratos no cumplían con los requisitos técnicos ni legales, y los vehículos nunca llegaron a prestar el servicio, lo que ocasionó una pérdida multimillonaria para el Estado.
En el centro de esta red de corrupción se encuentran el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su subdirector, Sneyder Pinilla, ambos nombrados por el presidente Gustavo Petro. López y Pinilla han confesado su participación y actualmente enfrentan procesos judiciales. Pinilla, incluso, fue condenado a cinco años de prisión tras aceptar los cargos en su contra.
Ortiz, señalada de entregar millonarios sobornos
Según las declaraciones de López y Pinilla, Sandra Ortiz habría entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, recursos que presuntamente salieron de la UNGRD como parte de una estrategia de sobornos para asegurar el respaldo político a las reformas del Gobierno en el Congreso, en particular la reforma pensional que fue finalmente aprobada.
Este señalamiento convirtió a Ortiz en una de las figuras más relevantes del caso, y desde entonces ha estado en el radar de la Fiscalía como testigo y, ahora, como procesada.
¿Quiénes más están implicados?
El caso ha encendido las alarmas en todo el país, especialmente porque implica a actores clave del Gobierno Nacional. La gravedad de las acusaciones y el número de involucrados han generado preocupación por la magnitud del entramado de corrupción que se habría tejido dentro de una entidad diseñada para atender emergencias y desastres naturales.
Además de Sandra Ortiz, González, Bonilla y Velasco, la Fiscalía también está investigando a congresistas de diferentes bancadas que habrían recibido dádivas o beneficios a cambio de facilitar la aprobación de proyectos del Ejecutivo en el Legislativo.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la negativa al principio de oportunidad, Sandra Ortiz ahora enfrenta un proceso judicial sin beneficios especiales. De ser hallada culpable, podría enfrentar una pena considerable, especialmente por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, considerados de alto impacto en el orden jurídico colombiano.
La Fiscalía ha sido clara en su postura: no se otorgarán inmunidades a cambio de declaraciones sin respaldo probatorio. Esta decisión podría marcar el rumbo de otras posibles colaboraciones judiciales en el marco del escándalo de la UNGRD.
Se cierra el cerco judicial
El rechazo a la inmunidad solicitada por Sandra Ortiz es un mensaje contundente de la Fiscalía: la lucha contra la corrupción no admitirá acuerdos sin pruebas sólidas. A medida que avanza la investigación, se espera que más nombres salgan a la luz y que las consecuencias políticas y judiciales sigan escalando.
Lo cierto es que este caso ha sacudido los cimientos de la confianza pública en las instituciones encargadas de gestionar recursos para emergencias. La sociedad colombiana exige respuestas, justicia y, sobre todo, garantías de que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse.
