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Tarjeta de crédito para el Gobierno, polémica por nuevo cambio en impuesto de renta

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Tarjeta de crédito para el Gobierno, polémica por nuevo cambio en impuesto de renta

Expertos y gremios advierten que el decreto del Ministerio de Hacienda anticiparía el pago de renta de 2026 y afectaría el bolsillo de los colombianos. Fenalco lo califica como una “reforma tributaria disfrazada”.

El país amaneció el 14 de abril con un nuevo y polémico anuncio del Ministerio de Hacienda: un proyecto de decreto que busca anticipar el pago del impuesto de renta correspondiente al año 2026, además de modificar las tarifas de autorretención y establecer nuevas bases mínimas para la retención en la fuente. Una medida que, según gremios económicos, dejaría a empresas y ciudadanos sin ahorro, sin liquidez y con una “tarjeta de crédito por pagar”.

La iniciativa, que ha sido recibida con fuerte rechazo desde diferentes sectores productivos del país, plantea una redistribución del recaudo tributario, bajo el argumento de que permitirá “una mejor gestión de caja durante la vigencia 2025”. Sin embargo, el impacto real sería una carga adicional a la economía privada, que ya enfrenta desafíos por la desaceleración del crecimiento económico y la baja ejecución presupuestal del Gobierno.

Fenalco: “Es una reforma tributaria disfrazada”

Uno de los primeros en pronunciarse fue Jaime Cabal, presidente de Fenalco, quien calificó el proyecto como una maniobra desesperada y riesgosa del Gobierno Nacional. A través de su cuenta oficial en X, el líder gremial advirtió que la propuesta esconde una reforma tributaria, sin haber pasado por el Congreso y sin tener en cuenta el impacto a largo plazo en las finanzas públicas.

“El Gobierno destapa sus cartas sin eufemismos: piensa solo en las elecciones de 2026, no en las próximas generaciones. Esto es pedirle a los colombianos un crédito para seguir gastando de forma ineficiente”, escribió Cabal.

El dirigente señaló que esta medida afectará directamente la liquidez del sector privado, eliminando el margen de maniobra que tienen las empresas y los trabajadores para ahorrar, invertir o consumir. En su lugar, deberán financiar la gestión gubernamental en un año preelectoral, en el que, según él, no se está priorizando el uso eficiente de los recursos públicos.

“Es como darle al Gobierno una tarjeta de crédito con cupo ilimitado, pero pagada por el trabajo de todos los colombianos”, agregó.


La Andi también alza la voz

Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), su presidente Bruce Mac Master también manifestó su preocupación. En sus declaraciones, enfatizó que el decreto representa una alteración en la planeación fiscal de las compañías, al exigir que este año se pague parte del impuesto de renta correspondiente al año siguiente.

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“Esto afectará la caja y la liquidez de todas las empresas, pero además impactará negativamente las finanzas del próximo Gobierno. Es una maniobra fiscal irresponsable”, dijo Mac Master.

Además, recordó que la Contraloría General de la República ha reportado la existencia de más de $160 billones en fiducias que aún no han sido ejecutados por el actual Gobierno, lo cual evidencia una ineficiente gestión del Presupuesto General de la Nación (PGN).

¿Qué busca el Gobierno con esta medida?

Según el Ministerio de Hacienda, la modificación de las autorretenciones tiene como objetivo principal suavizar el impacto del recaudo, permitiendo distribuirlo en pagos más pequeños a lo largo del año 2025. No obstante, lo que para algunos es una mejor organización fiscal, para muchos otros es una estrategia para cubrir el déficit sin resolver los problemas estructurales del gasto público.

La lectura de los expertos apunta a que esta medida no resuelve el fondo del problema, sino que lo traslada al próximo gobierno que asumirá en agosto de 2026. Una situación que pondría en jaque la regla fiscal, podría generar un déficit fiscal mayor, y afectar aún más la calificación de riesgo país ante los mercados internacionales.

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Un impacto directo en los bolsillos

Jaime Cabal fue más allá al advertir que esta propuesta impactará directamente el poder adquisitivo de los colombianos. Al modificar las reglas de juego fiscales de forma repentina, muchos trabajadores, emprendedores y empresarios deberán destinar sus ingresos no al ahorro o la inversión, sino al pago anticipado de impuestos.

“Nos quieren dejar la olla raspada, y lo que es peor: endeudada. Esto no es planificación fiscal, es desesperación”, puntualizó Cabal.


Consecuencias económicas a corto y largo plazo

El análisis de los gremios coincide en que esta medida pone en riesgo la recuperación económica del país. Afectar la caja de las empresas puede traducirse en:

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  • Menor inversión productiva.
  • Reducción de empleos formales.
  • Mayor incertidumbre en el clima de negocios.
  • Pérdida de confianza de inversionistas extranjeros.

Además, si se comprometen los ingresos de 2026 para cubrir los gastos de 2025, el próximo Gobierno recibirá un panorama fiscal mucho más difícil, lo que podría traducirse en nuevos ajustes, más reformas, o incluso una pérdida de autonomía financiera.

¿Qué dicen los ciudadanos?

En redes sociales, el rechazo ciudadano también ha crecido. Muchos usuarios comparan la medida con un anticipo disfrazado, que afecta especialmente a los pequeños empresarios y trabajadores independientes que ya están agobiados por los costos de vida, la inflación y la desaceleración de la economía.

El nuevo decreto propuesto por el Ministerio de Hacienda ha encendido las alarmas en el sector privado. Con acusaciones de ser una reforma tributaria disfrazada y una medida desesperada en un año preelectoral, los gremios empresariales advierten un impacto negativo en la economía nacional y una presión innecesaria sobre los contribuyentes.
A medida que se acerca el cierre de este Gobierno, las decisiones fiscales serán clave para definir el rumbo económico del país en los próximos años.

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