Colombia
Tres ciudades colombianas dicen no al consumo de drogas en espacios públicos
Desde la firma del Decreto 2114 por el presidente Gustavo Petro, el panorama respecto al consumo de drogas en Colombia ha dado un giro significativo. La nueva normativa, que limita la intervención policial en casos de dosis mínima, generó reacciones inmediatas de varios alcaldes, destacando los esfuerzos de Bucaramanga, Arauca y Soacha en la lucha contra el consumo de drogas en lugares estratégicos.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, no se quedó de brazos cruzados y, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, firmó un decreto que establece un perímetro de vigilancia en áreas cercanas a parques, escuelas y colegios.
En Arauca, el mandatario local, Juan Alfredo Quenza, adoptó medidas aún más restrictivas, anunciando la prohibición del porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en un radio de más de 100 metros alrededor de instituciones educativas y parques de la ciudad.
Adicionalmente, Quenza reveló la identificación de zonas de venta de drogas, comprometiéndose a realizar operativos conjuntos con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Infantería de Marina para desarticular estos puntos y mantener la seguridad en la capital araucana.
Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, comenzó a cumplir sus promesas electorales desde los primeros días de su mandato. Firme en su compromiso, anunció la firma de un decreto que prohíbe el consumo de drogas en los alrededores de jardines infantiles, parques y colegios en la ciudad.
Sánchez enfatizó su dedicación a la seguridad de niños, niñas y adolescentes, indicando que su administración priorizará la creación de entornos seguros para evitar que la inocencia de los hijos e hijas de la ciudad sea afectada por entornos inseguros.
En conjunto, Bucaramanga, Arauca y Soacha se suman a la vanguardia en la lucha contra el consumo de drogas en sitios públicos. No obstante, en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aún no ha emitido un decreto similar, dejando pendiente la respuesta de la capital respecto a esta problemática.
La adopción de medidas por parte de estos alcaldes responde a la necesidad de contrarrestar los posibles efectos negativos del Decreto 2114, que limita la intervención policial en casos de dosis mínima. Estas acciones buscan proteger a la población más vulnerable, especialmente a niños y jóvenes, preservando la seguridad en espacios públicos cercanos a instituciones educativas.
La sociedad colombiana observa con atención estos movimientos, esperando que estas medidas contribuyan a crear entornos más seguros y saludables para las futuras generaciones. La respuesta de Bogotá sigue siendo una incógnita, pero lo que es seguro es que el debate sobre el consumo de drogas en espacios públicos está en el centro de la agenda política y social del país.
