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Celular del sicario de Miguel Uribe desaparece y complica la investigación
Desaparece el celular del sicario que atentó contra Miguel Uribe: clave para el caso y aún sin rastro
Una inquietante situación pone en jaque la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay: el celular del presunto sicario, capturado tras el ataque, desapareció misteriosamente. Esta pérdida representa un obstáculo serio en el proceso judicial, y ha encendido las alarmas dentro de la Fiscalía, que se encuentra contra el reloj para presentar al acusado ante el juez de menores.
El hecho ocurrió en la localidad de Fontibón, en Bogotá, en medio de un evento político donde participaba el exsenador y precandidato Miguel Uribe. Durante la jornada, un menor de edad —señalado como el presunto autor material del ataque— fue capturado. Sin embargo, el desarrollo del caso ha dado un giro inesperado: el teléfono móvil que tenía consigo en el momento de su detención ha desaparecido sin dejar rastro.
Este aparato sería una pieza clave para esclarecer no solo los detalles técnicos del atentado, sino también para identificar posibles cómplices, autores intelectuales, conexiones previas o motivaciones detrás del ataque. La Fiscalía lo sabe, y por eso se ha volcado en una revisión rigurosa de todo el procedimiento que se siguió desde el momento de la captura del menor.
Un hecho que preocupa: ¿dónde está el celular?
La desaparición del celular ha generado múltiples cuestionamientos. De acuerdo con información revelada por la revista Semana, fuentes judiciales confirmaron que no hay claridad sobre en qué momento exacto se perdió el dispositivo ni quiénes tuvieron acceso al mismo. Esto ha obligado a la Fiscalía a investigar a fondo la cadena de custodia, es decir, el protocolo que regula el manejo, conservación y entrega de las pruebas desde su recolección hasta su análisis.
Los agentes encargados del caso han sido llamados a declarar para esclarecer los movimientos del celular durante el proceso. ¿Se perdió en el trayecto hacia la estación? ¿Fue manipulado por error o de forma intencional? ¿Hay indicios de encubrimiento dentro del equipo de captura? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que marcan una nueva línea de investigación dentro del caso.
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Lo cierto es que la desaparición del celular no es un hecho menor. De él podrían extraerse mensajes, llamadas, ubicaciones, archivos multimedia e incluso contactos relacionados con la planeación del atentado. En un contexto donde la tecnología juega un papel esencial en los procesos judiciales, perder un elemento así puede cambiar por completo el curso del proceso.
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Un proceso judicial contrarreloj
La Fiscalía está bajo presión. Los tiempos para presentar formalmente los cargos contra el menor de edad señalado por el atentado están a punto de vencerse, y la evidencia perdida podría haber sido determinante en la formulación de los mismos.
Por ahora, el ente investigador se concentra en organizar toda la documentación, pruebas y testimonios con los que cuenta, mientras intenta determinar si es posible recuperar el dispositivo o, al menos, establecer con certeza lo que sucedió con él.
Los investigadores también han comenzado a solicitar registros de las antenas de telecomunicaciones cercanas al lugar del atentado, en un esfuerzo por reconstruir posibles comunicaciones sostenidas por el presunto sicario antes y después del hecho. Sin embargo, sin el acceso directo al celular, el panorama es limitado.
Los chats que no eran: otra confusión que enturbia el caso
Tras el atentado, redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla de supuestas conversaciones de WhatsApp entre el menor capturado y una tercera persona. Los chats mostraban un lenguaje que sugería la planificación de un acto delictivo, lo que de inmediato fue vinculado al atentado contra Miguel Uribe.
No obstante, la Fiscalía desmintió rápidamente esa versión. Luego de analizar el contenido y verificar su procedencia, se determinó que los mensajes compartidos en redes no estaban relacionados con este caso en particular, sino con un hecho delictivo diferente, posiblemente un hurto ocurrido días atrás.
Esta confusión, sumada a la pérdida del celular, añade más incertidumbre al proceso. La desinformación en redes y la propagación de noticias no verificadas contribuyen a un clima de desconfianza en la opinión pública, que exige resultados claros y justicia frente a un atentado que podría haber tenido consecuencias aún más graves.
La importancia del celular en crímenes de alto impacto
En los últimos años, los teléfonos móviles se han convertido en una fuente esencial de información para las autoridades. Un celular puede revelar itinerarios, contactos, mensajes, archivos eliminados, búsquedas en internet e incluso datos de geolocalización que permiten reconstruir los pasos de un sospechoso.
Por esta razón, la desaparición del dispositivo del menor capturado en el caso de Miguel Uribe es vista con extrema gravedad. Incluso si se llegara a recuperar el celular, la alteración de su contenido o la manipulación indebida del mismo podría invalidar su uso como prueba en juicio, lo que debilitaría considerablemente la acusación del Ministerio Público.
Además, si se llegara a comprobar que el aparato fue sustraído o extraviado de forma intencional, se abriría un nuevo frente de investigación por obstrucción a la justicia y posible encubrimiento.
¿Qué sigue para la Fiscalía?
La Fiscalía tiene como prioridad encontrar el celular desaparecido y avanzar en la recopilación de evidencia que le permita sustentar los cargos contra el menor. El proceso judicial no se detiene, y aunque la pérdida del equipo representa una dificultad significativa, los investigadores buscan alternativas para reconstruir lo ocurrido y seguir adelante con el caso.
Miguel Uribe, por su parte, ha condenado públicamente el atentado y ha exigido resultados concretos a las autoridades. El episodio ha reavivado el debate sobre la seguridad de los líderes políticos y el fortalecimiento del sistema judicial para enfrentar actos de violencia política.
Este caso continúa en desarrollo y deja al descubierto las fragilidades de los procedimientos de seguridad y custodia de evidencia en el país. Mientras tanto, los colombianos esperan respuestas claras y justicia frente a un ataque que ha conmocionado a la opinión pública.