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Escándalo en Medellín anulan millonario contrato de la administración Quintero por irregularidades en licitación vial
El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una sentencia contundente que sacude nuevamente a la opinión pública y pone bajo la lupa la cuestionada administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. En fallo de primera instancia, fechado el 13 de mayo de 2025, se anuló un contrato de $70.000 millones adjudicado en 2023, el cual estaba destinado a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial de la ciudad.
La razón de esta anulación radica en lo que el tribunal calificó como un direccionamiento indebido de la licitación, con el objetivo de favorecer al consorcio Construcciones C-2023, en detrimento de otras propuestas que cumplían con todos los requisitos técnicos y financieros.
Funcionarios responsables deberán pagar millonaria multa
El fallo declaró responsables civiles y patrimoniales a dos exfuncionarios de la administración Quintero: Evelyn Tatiana Beltrán, quien se desempeñó como secretaria de Suministros y Servicios, y Rubén Darío López, exdirector técnico de Infraestructura. Ambos deberán responder con su propio patrimonio por el 45% de la indemnización que el Distrito está obligado a pagar, lo cual equivale a más de $1.061 millones. Por su parte, el Distrito deberá asumir el pago restante, es decir, alrededor de $1.297 millones.
Esta decisión se da luego de que el Consorcio Génesis, integrado por las empresas Estructuras y Pavimentos S.A.S., Paecia S.A.S. y Huargo S.A.S., interpusiera una demanda contenciosa administrativa para que se declarara la nulidad del contrato adjudicado, ya que, a pesar de haber obtenido el primer puesto en la evaluación técnica y presentar la propuesta más económica, fue injustificadamente rechazado.
El direccionamiento de la licitación: una estrategia que costó millones
Según se lee en la sentencia del Tribunal, los exfuncionarios ignoraron deliberadamente las recomendaciones técnicas del Comité Estructurador y Evaluador de Contratación, que favorecían al Consorcio Génesis. En su lugar, se modificó el orden de los proponentes, ubicando en primer lugar al Consorcio Construcciones C-2023 y en tercer lugar al Consorcio Mecamed 2023, que posteriormente recibió la cesión del contrato.
La adjudicación a Construcciones C-2023 fue seguida de una solicitud para ceder el contrato a Mecamed 2023, solicitud que fue aprobada por la misma Secretaría de Suministros y Servicios, completando un proceso que, para el Tribunal, violó el principio de selección objetiva consagrado en la contratación estatal.
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El fallo no solo anula la adjudicación y el contrato firmado, sino que también ordena al Distrito de Medellín indemnizar al Consorcio Génesis con $2.358 millones, como compensación por los perjuicios causados.
Mecamed también será indemnizado, pero sin ganancias
En otra de las disposiciones del fallo, el Tribunal ordena que se restituyan los costos en que incurrió el Consorcio Mecamed 2023 durante la ejecución del contrato, hasta la fecha en que entregó las obras, el 26 de febrero de 2024. Esta restitución no incluirá utilidades, y se descontarán los pagos ya realizados por el Distrito. Es decir, se reembolsará lo invertido, pero no se reconocerán beneficios económicos derivados del contrato anulado.
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Viejos conocidos: antecedentes de los implicados
El nombre de Evelyn Tatiana Beltrán no es nuevo en los círculos investigativos. La Secretaría de Suministros y Servicios, de la cual fue titular, ha sido señalada en múltiples ocasiones por supuestas irregularidades. Su antecesora, Karen Bibiana Delgado, enfrenta cargos de la Fiscalía General de la Nación por el polémico caso de Aguas Vivas, que también involucra al exalcalde Daniel Quintero y a otros funcionarios.
Delgado, además, está implicada en investigaciones por presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos en los programas Clínica de la 80 y Computadores Futuro.
Por su parte, Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura Física, también enfrenta procesos legales. En abril de 2024 fue imputado por la Fiscalía por presunta celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Un nuevo golpe a la administración de Daniel Quintero
Esta sentencia representa un nuevo escándalo en la ya cuestionada gestión de Daniel Quintero, que ha sido objeto de múltiples investigaciones y señalamientos por presuntos casos de corrupción. En esta ocasión, la justicia determinó que existió una manipulación intencionada del proceso contractual, con consecuencias económicas millonarias para el Distrito y responsabilidad directa para los funcionarios involucrados.
Además, el fallo acoge la solicitud presentada por la actual administración de Federico Gutiérrez para que los implicados respondan económicamente bajo la figura de llamamiento en garantía con fines de repetición, lo que significa que el Estado podrá exigirles el reintegro de los recursos públicos pagados por concepto de indemnización.
Impacto en la ciudadanía y en la confianza institucional
Este caso no solo afecta las finanzas públicas de Medellín, sino que también golpea duramente la confianza ciudadana en la transparencia institucional. La anulación de un contrato de tal magnitud, sumada a la evidencia de manipulación en el proceso licitatorio, plantea serios interrogantes sobre los controles internos y la vigilancia que deben existir en la administración pública.
La sentencia aún puede ser apelada, pero mientras tanto, este fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la defensa de los principios de contratación pública.