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Fiscalía de Perú solicita 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por fallido autogolpe
La Fiscalía de Perú ha pedido una sentencia de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusándolo de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú, enfrenta graves cargos por su presunta participación en el golpe de Estado, según informó el Ministerio Público en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
El exmandatario se encuentra actualmente cumpliendo una orden de prisión preventiva de 18 meses, impuesta desde su detención el mismo día del anuncio del cierre del Parlamento y la instauración de un Ejecutivo de emergencia.
La Fiscalía alega que Pedro Castillo lideró una red corrupta en el Ejecutivo, lo que motivó una segunda orden de prisión preventiva de 36 meses mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció medidas drásticas, como el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la formación de un Ejecutivo de emergencia con poderes para gobernar por decreto.
Estas acciones llevaron a su destitución por el Congreso y, posteriormente, a su arresto por su propia escolta. La Fiscalía ha solicitado también 25 años de prisión para Betssy Chávez, entonces primera ministra, por el delito de rebelión.
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Chávez se encuentra bajo prisión preventiva desde junio de 2022, como parte de las investigaciones relacionadas con el fallido autogolpe.
Además, la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior y del Interior, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, respectivamente.
También se solicitaron 25 años de prisión para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
Por su parte, Aníbal Torres, también ex primer ministro, enfrenta una solicitud de 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión.
Estas solicitudes de condena evidencian la gravedad de las acusaciones y la determinación de la Fiscalía para llevar adelante un proceso judicial riguroso.
El caso ha generado gran atención, no solo por la dimensión de las acusaciones contra el expresidente Pedro Castillo y otros funcionarios, sino también por el impacto político que el fallido autogolpe tuvo en la estabilidad del país.
La sociedad peruana sigue de cerca estos acontecimientos, ansiosa por conocer el desenlace de un proceso judicial que marcará un hito en la historia reciente del país andino.