La Fiscalía Penal Militar y la Policía Realizan Inspección en la Casa de Nariño

En un movimiento sin precedentes, la Policía Judicial de la Dijín, bajo la dirección de la Fiscalía General Penal Militar y Policial, ha iniciado diligencias de inspección judicial en la Casa de Nariño. La intervención responde al polémico caso de uso irregular de polígrafo en contra de Marelbys Meza, exniñera de la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia.

El escándalo ha generado una disputa de jurisdicciones entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar sobre quién debe llevar el caso, especialmente en lo que respecta al coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño. Feria, señalado como el presunto cerebro detrás del acoso a Meza, está siendo investigado por la justicia ordinaria, pero su defensa ha solicitado que el caso sea trasladado a la Justicia Penal Militar.

Según confirmaron fuentes policiales, los investigadores y peritos de la Justicia Penal Militar y Policial que se encuentran en el palacio presidencial incluyen un perito en fotografía, otro en topografía y varios funcionarios judiciales. Este equipo está encargado de recopilar pruebas y llevar a cabo una inspección minuciosa en el lugar de los hechos.

El caso de Marelbys Meza, quien fue presuntamente acosada y perseguida por miembros del aparato de seguridad del Estado debido a un dinero desaparecido de la casa de Laura Sarabia, ha sacudido las estructuras del gobierno y ha puesto en el centro de la controversia al coronel Feria. Este último ha sido acusado formalmente por la Fiscalía y se enfrenta a graves cargos por su presunta participación en el despliegue policial en contra de Meza.

En entrevista con la revista SEMANA, el fiscal de la Justicia Penal Militar, general Marco Bolívar, explicó el posible curso del caso. “El fiscal (penal militar) tiene la autonomía de analizar el caso y de tomar las decisiones que correspondan, eso es imputar o solicitar una preclusión, pero tiene que tomar algún camino”, afirmó Bolívar. Según el general, el proceso no puede quedar en un limbo jurídico y la ley establece un máximo de tres años para decidir si se imputa o se precluye la investigación.

Bolívar también destacó que ya se han recolectado elementos probatorios significativos, lo cual podría acelerar la toma de decisiones en este caso. “No podemos decir que arranca en cero, porque ya hay unos elementos recolectados muy importantes, con lo cual se gana tiempo para tomar decisiones”, añadió el fiscal.

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El futuro del caso depende ahora de la Corte Constitucional, que debe determinar si el proceso se mantiene en la justicia ordinaria o se transfiere a la Justicia Penal Militar, como lo ha solicitado la defensa del coronel Feria. Esta decisión será crucial para definir el rumbo de las investigaciones y las posibles implicaciones legales para los involucrados.

El impacto de este escándalo ha trascendido las fronteras de la Casa de Nariño, generando un debate sobre el uso de los recursos del Estado y la transparencia en los procedimientos judiciales. La opinión pública está atenta a cada desarrollo, mientras las autoridades continúan sus investigaciones en un intento por esclarecer la verdad y asegurar la justicia en este controvertido caso.

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