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Liberan a Lyan Hortúa el niño secuestrado por disidencias de las Farc ya está a salvo
El menor de 11 años, raptado el pasado 3 de mayo en Jamundí (Valle del Cauca), fue entregado a la Defensoría del Pueblo tras semanas de angustia.
Después de 18 días de incertidumbre, angustia y una intensa búsqueda por parte de las autoridades, este miércoles fue confirmada la liberación de Lyan Hortúa, el niño de 11 años que había sido secuestrado por integrantes de las disidencias de las Farc en su propia vivienda, en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca.
La noticia fue revelada por Caracol Radio, medio que informó que el menor fue entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo. El organismo estatal, encargado de velar por los derechos humanos en Colombia, recibió al niño y adelantó el proceso de protección y restablecimiento de derechos.
Un secuestro que estremeció al país
El secuestro de Lyan Hortúa ocurrió el pasado 3 de mayo de 2025, cuando un grupo armado irrumpió violentamente en su hogar, ubicado en una zona residencial de Jamundí. De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes ingresaron con armas de fuego, amenazaron a la niñera del menor y a otras dos mujeres que se encontraban en la casa. Según testigos, el padre del niño logró proteger a una bebé y se escondió con ella en una de las habitaciones, evitando así ser capturado.
Lo más aterrador del hecho fue que, en su afán por evitar que el menor y su cuidadora identificaran el sitio al que serían llevados, los criminales les cubrieron la cabeza con bolsas negras. Horas más tarde, la niñera fue dejada en libertad en el sector de Villa Colombia, mientras que Lyan continuó en manos de sus captores.
¿Quién está detrás del secuestro de Lyan Hortúa?
Las autoridades no tardaron en señalar a los presuntos responsables. Según información de inteligencia revelada por la Policía Nacional, el secuestro fue orquestado por alias ‘Oso Yogui’, un cabecilla de la estructura Jaime Martínez, una facción disidente de las antiguas Farc que opera en esta región del país.
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Este grupo armado es conocido por su accionar violento, sus alianzas con el narcotráfico y su estrategia de presión mediante secuestros, extorsiones y atentados. En este caso, el secuestro de un niño causó una profunda conmoción nacional y reactivó las alertas en torno al accionar de estos grupos en el suroccidente colombiano.
Recompensa millonaria para dar con los responsables
Desde los primeros días del secuestro, las autoridades de Cali y del departamento del Valle del Cauca ofrecieron una recompensa de 400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 100.000 dólares) por información que permitiera dar con el paradero de los secuestradores y, especialmente, con alias ‘Oso Yogui’ y otros miembros clave de la estructura Jaime Martínez.
Gracias a la presión mediática, las acciones de inteligencia y la colaboración de varias instituciones, finalmente se logró la liberación del menor, sano y salvo, aunque aún se desconoce si la entrega fue resultado de un operativo militar, una negociación o si hubo presión directa por parte de las comunidades o actores externos.
Lyan ya está a salvo: ¿Qué sigue ahora?
El niño fue puesto bajo custodia de la Defensoría del Pueblo, entidad que ahora se encargará de garantizar el restablecimiento de sus derechos fundamentales. Se espera que en los próximos días, Lyan reciba atención médica, psicológica y acompañamiento profesional para superar los traumas generados por esta experiencia tan violenta.
Desde diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha exigido que se investigue a fondo este caso y se capture a todos los responsables, no solo como acto de justicia, sino también como un mensaje claro contra la impunidad en los delitos que afectan a menores de edad.
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Un llamado urgente al Gobierno Nacional
La liberación de Lyan Hortúa, aunque celebrada por todo el país, también pone de nuevo sobre la mesa el grave problema de seguridad que se vive en regiones como el Valle del Cauca, donde disidencias armadas y grupos ilegales continúan operando con total impunidad, afectando a comunidades enteras y vulnerando los derechos de los más inocentes.
Organizaciones civiles, autoridades locales y nacionales han reiterado su llamado al Gobierno Nacional para que refuerce la presencia del Estado en estas zonas, garantice la seguridad de los ciudadanos y adopte medidas más efectivas para desmantelar las redes criminales que operan en el suroccidente colombiano.
Una historia con final feliz, pero con muchas preguntas
Aunque hoy el país respira con alivio al conocer que Lyan está con vida, la historia deja muchas preguntas abiertas: ¿Cómo lograron los criminales planear y ejecutar un secuestro en una zona residencial? ¿Por qué no se logró una intervención más rápida? ¿Qué protección efectiva se dará ahora a la familia del menor?
Lo cierto es que este caso ha encendido las alarmas sobre la fragilidad de la seguridad en municipios como Jamundí, donde la convivencia con grupos armados ilegales se ha vuelto un desafío constante. La historia de Lyan Hortúa debe servir como punto de inflexión para que el Estado colombiano intensifique sus acciones y asegure que ningún niño más vuelva a vivir el horror del secuestro.
