Colombia
Secuestro del registrador en el Chocó: incertidumbre y preocupación
El registrador delegado del Chocó, Jefferson Elías Murillo, fue secuestrado por hombres armados en la vía Quibdó-Itsmina el sábado 6 de enero. La situación destapa la crónica crisis de seguridad en el occidente colombiano.
Las autoridades, aún sin identificar a los responsables, barajan la hipótesis de un grupo de delincuencia común. El general Nicolás Alejandro Zapata, director encargado de la Policía, señaló la posible implicación de «Los Palmeños».
La región del Chocó, históricamente afectada por la violencia, enfrenta la presencia de diversos grupos armados ilegales. Desde bandas delincuenciales hasta guerrilleros y paramilitares, la zona se ha convertido en un caldo de cultivo para la criminalidad.
La Defensoría del Pueblo emitió 35 alertas tempranas entre 2018 y 2023, advirtiendo el riesgo por la presencia de organizaciones ilegales, como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Itsmina y el Bajo San Juan experimentaron tensiones tras el quiebre del pacto entre las AGC y el ELN en 2021, desencadenando enfrentamientos, desplazamientos y amenazas a comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas.
Quibdó, la capital del Chocó, no escapa de la violencia, con enfrentamientos entre al menos cinco bandas criminales, como Los Mexicanos, Locos Yam y RPS. Estas bandas iniciaron un diálogo con el Gobierno en 2023, buscando someterse a través de la Paz Total.
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Tras el secuestro, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz condenó el acto y recordó la obligación de perseguir a los responsables, independientemente de los diálogos en curso. También respaldó el llamado del Papa Francisco a liberar a todos los secuestrados en Colombia.
Las investigaciones del Gaula de la Fiscalía, la Policía y el Ejército están en curso desde el sábado. Se barajan posibles motivos políticos o económicos, dado el rol de Murillo en el proceso electoral y su pertenencia a una influyente familia regional.
El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía del Chocó, indicó que se están recabando datos para identificar al grupo o estructura responsable. En la zona, ELN y delincuencia común ejercen influencia, aunque el ELN se comprometió a suspender el secuestro en diciembre.
La incertidumbre persiste, y las autoridades trabajan arduamente para resolver el caso. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció una recompensa de 30 millones de pesos por información que conduzca al paradero de Murillo.
El secuestro de Jefferson Murillo evidencia la complejidad de la situación en el Chocó. La sociedad y las autoridades aguardan con angustia el desenlace de este incidente que refleja la urgencia de abordar la seguridad en la región.