Viaje de influencers en avión oficial Contraloría pone la lupa al Ministerio del Interior y a la Policía

La reciente polémica que sacude al Gobierno Nacional tiene como protagonistas a un grupo de influencers, un avión oficial de la Policía Nacional y un evento político liderado por el presidente Gustavo Petro en Barranquilla. La controversia surgió luego de que se conociera que varios creadores de contenido digital fueron transportados en una aeronave institucional para asistir y respaldar un cabildo abierto promovido por el mandatario.

Este hecho, revelado inicialmente por medios de comunicación y redes sociales, llamó la atención de la Contraloría General de la República, que no tardó en solicitar explicaciones formales tanto al ministro del Interior, Armando Benedetti, como al director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana.

Contraloría exige claridad sobre uso de recursos públicos

Mediante una carta oficial, el ente de control expresó su preocupación sobre la legalidad y justificación del traslado de personas ajenas a la función pública en un medio de transporte destinado exclusivamente a labores institucionales. Según el organismo, este hecho plantea serios interrogantes sobre el correcto uso de los recursos del Estado y la transparencia administrativa.

La Contraloría pidió a Benedetti que informe si existe algún convenio, contrato interadministrativo o instrumento jurídico vigente entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional que autorice el transporte de civiles —en este caso, influencers— en aeronaves oficiales. De existir dicho acuerdo, el ente de control exige copia del acto administrativo, así como los criterios que se usaron para seleccionar a los pasajeros y la justificación misional del viaje.

Además, solicitó detalles específicos sobre el grado de participación del Ministerio del Interior en la logística, organización y coordinación del vuelo hacia la capital del Atlántico. Uno de los puntos clave es identificar qué entidad asumió los costos del desplazamiento y con cargo a qué rubro presupuestal fueron financiados.

Dos días para responder: el tiempo corre para Benedetti y la Policía

La Contraloría fue enfática en que la situación reviste un alto interés público y que, por tanto, exige respuestas inmediatas. Por ello, dio un plazo de dos días hábiles al ministro Benedetti para entregar toda la información solicitada, bajo el argumento del principio de transparencia que debe regir toda actuación del Estado.

Anuncio

Sin embargo, el ministro del Interior no es el único llamado a rendir cuentas. La Contraloría también dirigió una solicitud formal al director de la Policía Nacional, quien deberá entregar respuestas precisas sobre varios aspectos del polémico vuelo:

• ¿La aeronave utilizada hace parte del inventario oficial de la Policía?
• ¿Cuál es el modelo, matrícula y unidad responsable del avión?
• ¿Cuál fue el objetivo oficial del vuelo y si este corresponde a una misión institucional?
• ¿Quiénes fueron exactamente las personas transportadas? Se exige lista de nombres, cargos y su relación —o no— con la entidad.
• ¿Qué autoridad autorizó el uso del avión para este propósito y bajo qué normativa se amparó?
• ¿Cuál fue el costo estimado del vuelo y de qué partida presupuestal provino?
• ¿Existe algún contrato, resolución o convenio que respalde esta movilización?

Influencers, política y fondos públicos: el debate sigue creciendo

La situación ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, medios de comunicación y círculos políticos. Muchos ciudadanos se preguntan si es apropiado que creadores de contenido, sin ningún vínculo con la función pública, sean transportados en aeronaves institucionales que deberían destinarse exclusivamente a labores operativas, de seguridad o de apoyo logístico estatal.

Por su parte, críticos del Gobierno aseguran que este episodio refleja un uso inadecuado de los recursos públicos y una aparente instrumentalización de instituciones del Estado con fines políticos. Otros sectores han pedido que se investigue si esta práctica es recurrente y si ha ocurrido en otras oportunidades con eventos similares.

Aunque hasta el momento no se conocen respuestas oficiales por parte del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional, la presión pública y mediática crece con fuerza. Organizaciones de la sociedad civil, veedurías ciudadanas y líderes de opinión han exigido que se impongan sanciones ejemplares en caso de confirmarse irregularidades.

Te puede interesar: Arturo Calle se solidariza con Medellín millonaria donación y llamado urgente a empresarios

¿Qué dice la ley sobre el uso de bienes públicos?

Según el marco jurídico colombiano, los bienes y recursos del Estado deben ser utilizados únicamente para el cumplimiento de los fines misionales de cada entidad. Transportar civiles sin justificación legal o administrativa en aeronaves oficiales podría constituir una falta disciplinaria, administrativa e incluso penal, dependiendo del grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados.

El caso también reabre el debate sobre los límites entre la política, la comunicación digital y la utilización de influenciadores como herramienta de divulgación gubernamental. Si bien la estrategia de usar influencers para llegar a nuevas audiencias es válida en muchos contextos, su ejecución debe ajustarse al marco normativo y respetar el principio de eficiencia, economía y transparencia en la gestión pública.

Anuncio

El viaje de un grupo de influencers en un avión oficial de la Policía Nacional no solo ha generado indignación y cuestionamientos, sino que ha puesto al Gobierno Nacional bajo la lupa de los entes de control. En los próximos días, el país estará atento a las explicaciones del ministro Armando Benedetti y del director de la Policía, quienes tendrán que demostrar si este controvertido desplazamiento se ajustó a la ley o si, por el contrario, se trata de un nuevo caso de uso indebido de recursos públicos.

La ciudadanía, la opinión pública y los entes de control esperan respuestas claras y acciones contundentes. Porque en democracia, la transparencia no es una opción, es una obligación.

www.canalcncmedellin.com