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Carlos Ramón González niega corrupción en UNGRD «Calumnias sin fundamento»
Carlos Ramón González rechaza señalamientos de corrupción en caso UNGRD ante el Tribunal Superior de Bogotá
En medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, ha sido llamado a responder judicialmente por su presunta participación en una compleja red de sobornos, desvío de recursos públicos y lavado de activos. No obstante, durante la reciente audiencia realizada ante el Tribunal Superior de Bogotá, González rechazó categóricamente los cargos, asegurando que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y son producto de calumnias.
“No acepto los cargos dado que todos son calumnias sin fundamento”, afirmó de forma tajante el exfuncionario del Gobierno Nacional, insistiendo en su inocencia y cuestionando la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
Los delitos imputados por la Fiscalía
González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, en el marco de una investigación que lo señala como uno de los actores clave en el esquema de corrupción alrededor de la UNGRD.
El fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, indicó que los investigadores han recolectado pruebas suficientes para vincular formalmente a González con los hechos, los cuales datan de septiembre de 2023 y están directamente relacionados con supuestos actos ilícitos cometidos durante su paso por el Dapre.
La reunión clave en el Palacio de Nariño
De acuerdo con la Fiscalía, Carlos Ramón González se habría reunido en septiembre de 2023 con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en el Palacio de Nariño. Durante este encuentro, González presuntamente le habría ordenado al entonces jefe de la entidad que adjudicara contratos por valor de 70.000 millones de pesos a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
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Según el ente acusador, el propósito de estos contratos millonarios era asegurar el apoyo político de los dos congresistas para la aprobación de proyectos legislativos impulsados por el Gobierno en el Congreso de la República. Una acción que, de ser comprobada, no solo vulnera las normas de contratación pública, sino que también representa un grave atentado contra la transparencia institucional.
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Entrega de coimas en efectivo
En su intervención, el fiscal Sandoval expuso que, debido a las exigencias reiteradas de recursos por parte de los congresistas, González le habría ordenado a Olmedo López modificar el esquema de entrega de beneficios: en lugar de contratos, se habría optado por el pago directo de coimas en efectivo. Así, Name habría recibido 3.000 millones de pesos y Calle 1.000 millones, provenientes supuestamente de los recursos de la UNGRD.
“Durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de tres mil millones de pesos y a Calle Aguas una suma de mil millones de pesos”, relató el fiscal, señalando la gravedad de los hechos.
La protección a Olmedo López
Otro de los puntos que destaca la Fiscalía es la presunta intervención de Carlos Ramón González para impedir que Olmedo López fuera removido de su cargo como director de la UNGRD, a pesar de que ya había sido suspendido por la Contraloría General de la República. Según el fiscal del caso, esta acción sería parte del “pago” por colaborar con la entrega de los millonarios sobornos.
Además, el delegado del ente acusador aseguró que González era plenamente consciente de la ilegalidad de sus actuaciones y que tenía la responsabilidad legal y ética de no involucrar a funcionarios como Olmedo López y Sandra Ortiz en acciones contrarias a la ley.
Más implicados en la red de corrupción
El procurador delegado, Mario Gómez, respaldó la exposición del fiscal Sandoval y subrayó que la Fiscalía presentó una argumentación clara y precisa al imputar los tres delitos a González. Asimismo, mencionó que este proceso judicial hace parte de una investigación más amplia que incluye a otros altos funcionarios del Estado, congresistas, contratistas y empresarios, todos presuntamente involucrados en el entramado de corrupción dentro de la Gestión del Riesgo.
Actualmente, Iván Name y Andrés Calle se encuentran capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia, mientras continúan avanzando las investigaciones que buscan esclarecer la magnitud del desvío de recursos públicos.
Audiencia aplazada por calamidad familiar
Aunque la Fiscalía tenía previsto solicitar la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González durante la audiencia, esta fue aplazada por una calamidad familiar del magistrado Leonel Rogéles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá. La nueva fecha fijada para continuar con la diligencia será el próximo viernes 6 de junio a las 9:00 a.m., cuando el ente investigador buscará que se imponga medida de aseguramiento intramural (prisión preventiva) para el exdirector del Dapre.
¿Qué sigue para Carlos Ramón González?
Mientras se define su situación jurídica, Carlos Ramón González mantiene su postura firme de negar cualquier vinculación con actos de corrupción y asegura ser víctima de una campaña de desprestigio sin pruebas contundentes. No obstante, la Fiscalía insiste en que cuenta con evidencia documental, testimonios y trazabilidad financiera que lo comprometen directamente.
Este caso se ha convertido en uno de los más controvertidos y mediáticos del país en lo que va de 2025, pues involucra altas esferas del poder político y evidencia una posible red de corrupción que trasciende la UNGRD y pone en entredicho los mecanismos de asignación de recursos para la gestión de emergencias y desastres en Colombia.
Con la reanudación de la audiencia programada y más pruebas por revelar, el país sigue a la expectativa de lo que será el destino judicial de Carlos Ramón González y de quiénes más podrían verse implicados en este escándalo que sacude al Gobierno.